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PIDEN DESLINDAR RESPONSABILIDADES DE HECHOS 1 DE DICIEMBRE

PIDEN DESLINDAR RESPONSABILIDADES DE HECHOS 1 DE DICIEMBRE

15 de Marzo de 2013

Porque en el Distrito Federal no queremos otro Atenco, los hechos violentos que se suscitaron el 1 de diciembre no deben quedar impunes ni ser archivados, sino que se deben deslindar las responsabilidades de los funcionarios involucrados, tanto en el ámbito local, como en lo federal, que estuvieron al frente del operativo de represión.

Así lo expresó el diputado Alejandro Ojeda, quien llamó la atención sobre el desempeño de Darío Chacón, actual Jefe de la División de las Fuerzas Federales, y Luis Rosales Gamboa, quién se desempeña como Subsecretario de Investigación Policial de la SSPDF.

En este sentido, dijo que si de la investigación se desprende su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos, incluso en la comisión de delitos, éstos sean sancionados, pues no se pueden consentir actos represivos e ilegales en la Ciudad de México.

Consideró que tales hechos dejan entrever que la estrategia de seguridad del actual gobierno federal está basada en la represión de los movimientos político-sociales-estudiantiles, lo cual es un retroceso para la vida democrática del país y de sus instituciones.

Luego de que se informara que la Comisión de Derechos Humanos del DF dará a conocer su informe a finales de marzo, el legislador del PRD solicitó se acelere la presentación de éste y se pronunció porque se actúe en consecuencia y haya las sanciones penales o administrativas de quienes resulten responsables.

Manifestó su confianza de que la investigación haya asido exhaustiva y permita esclarecer los lamentables enfrentamientos y se pronunció a favor de que en lo posible, se acelere la presentación de dicho informe de la CDHDF.

Es importante hacer notar que en la Ley de Seguridad Pública, así como en la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, existen las disposiciones que obligan a la separación del cargo del funcionario, para los casos en que existan procedimientos de responsabilidad administrativa o de carácter penal.