PIDEN ESPÍRITU SOCIAL EN ORDENAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POPULAR
17 de Febrero de 2014
El ordenamiento que regule la construcción de vivienda popular en la Ciudad de México, deberá conservar el espíritu social por el que fue creado, que permita a quienes tienen bajos ingresos ser sujetos a recibir un crédito para obtener su casa propia, afirmó el diputado Carlos Hernández Mirón.
Señaló que en días pasados, se realizó en la ALDF el Foro de Análisis de la Norma 26, donde vecinos, desarrolladores, legisladores, funcionarios y Organizaciones Sociales, hicieron propuestas que serán tomadas en cuenta para presentar un nuevo ordenamiento legislativo en materia de producción de vivienda en el Distrito Federal.
El legislador dijo que la política en esta materia debe articularse a fin de garantizar el acceso a una vivienda para el sector menos favorecido de la población, pero en zonas ya establecidas.
Destacó la complejidad del marco normativo para poder obtener las autorizaciones que permitan desarrollar cualquier tipo de vivienda y la necesidad de revisar ese marco normativo.
Agregó que se debe eliminar del proyecto la aplicación de la Norma 26 en las áreas de conservación patrimonial, es decir, que se tiene que definir cómo se aplicará en los pueblos y barrios originarios, ya que no debe permitirse en ellos una densificación masiva, donde las vialidades son estrechas y se crean conflictos.
Hernández Mirón señaló que desde la perspectiva de los derechos humanos, se hace evidente que las políticas urbanas deben responder a las necesidades de las personas de menores recursos, de los jóvenes, los migrantes, las personas en situación de calle, entre otros.
“El acceso a una vivienda adecuada debe ser reconocida como un derecho urbano fundamental y los gobiernos deben asumir un papel activo en su promoción”, aseguró.
El también presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, precisó que existe una sobre regulación urbana y un descontrol en su cumplimiento, por lo que la Norma 26 debe evaluarse en el contexto de una revisión integral al marco normativo y armonizarse con los programas vigentes.
Además señaló que en el Código Fiscal, los desarrollos inmobiliarios deben pagar aprovechamientos en materia de impacto vial, ambiental e hidráulico, sin embargo estas contribuciones que debieran invertirse en la zona, no tienen ese destino.
Finalmente dijo la nueva norma deberá aplicarse en zonas aptas y adecuadas, acompañada con mecanismos de control efectivos que realmente sancionen a quienes pretenden aprovecharse indebidamente de ella.
