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PIDEN INCLUIR EL DERECHO HUMANO AL TRABAJO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO



03 de Marzo de 2016

Boletín # 286


· El debate en materia laboral no puede quedar fuera de la discusión en estos momentos: diputado Juan Gabriel Corchado

· Que la política social fortalezca el empleo e ingreso de las personas: Berenice Ramírez López

· Los tribunales laborales necesitan ser constitucionalmente autónomos: Margarita Rojas Olvera

· El salario actual no alcanza para la canasta básica: Amalia García

El reto de la Constitución de la Ciudad de México es la inclusión de políticas públicas transversales vinculadas a educación-empleo, coincidieron las ponentes del Foro: Retos en materia laboral “Hacia una nueva alianza para la Constitución de la Ciudad de México”.

Las titulares de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), Amalia García Medina; de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Margarita Rojas Olvera, y la investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Berenice Ramírez López, expresaron que:

En materia individual debe incluir el derecho al empleo digno, estabilidad, libertad y protección en caso de despido o desempleo, prohibición de la discriminación, igualdad de remuneración, seguridad e higiene, condiciones justas y equitativas, ambiente libre de violencia, promoción y formación profesional.

Mientras que para el ámbito colectivo, éste debe contener libertad de asociación o sindical, derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga.

El diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, sostuvo que el debate en materia laboral no puede quedarse fuera de la discusión en estos momentos, y concordó en que la próxima Carta Magna de la Ciudad debe incluir al trabajo como derecho humano.

En su intervención, Margarita Rojas, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, reflexionó sobre el contexto del mercado laboral en la capital, lo que debe tomarse en cuenta para planear y articular normas que beneficien el derecho laboral.

“Estamos ante la oportunidad de plasmar el derecho al y del trabajo como derecho humano, tenemos limitantes y a la vez una gama de amplitud con los convenios internacionales que México ha signado. Es una oportunidad para tener una Constitución progresista e innovadora en materia laboral”.

Añadió que mientras no se cuente con instituciones fuertes que impartan justicia, los derechos laborales no serán efectivos, por ello, los tribunales laborales necesitan ser constitucionalmente autónomos, “para que sus decisiones sean imparciales y se logre el equilibrio entre los factores de la producción”.

La investigadora de la UNAM, Berenice Ramírez, dio a conocer que en el país el 60 por ciento de los ocupados lo hacen de manera informal, el restante 40 por ciento en lo formal; en el caso de la Ciudad de México son 50-50. Nueve millones de trabajadores, “lo que representa 7 por ciento a nivel nacional tienen 20 años y el 15 porciento más de 60 años, debido a ello, existe una transición demográfica muy dinámica”.

En la República los varones que están empleados formalmente cursaron 11.4 años y las mujeres 12, en el Distrito Federal estudiaron 13 y 13.3, respectivamente. “Se tiene que pensar en políticas transversales vinculadas a educación-empleo para tener resultados que se puedan señalar”.

Necesitamos saber cómo construir una seguridad social universal que vincule lo contributivo con lo que no lo es e incrementar esas posibilidades, que incluya a toda la población, añadió.

En ese sentido urgió a “pensar las leyes con el contexto que tiene la ciudad”. Sostuvo que la educación va de la mano con el empleo, ya que quienes están en el empleo informal tienen menos años de escolaridad, “debemos considerar que los jóvenes requieren empleo formal y protegido, y son los que están contratados por honorarios y sin seguridad social”.

Ramírez López subrayó que otro reto que debe de tener la Constitución de la Ciudad de México es “plantear la posibilidad de ir dejando de lado una política social exclusivamente focal, asistencial o con rasgos muy vinculados al clientelismo político, hacia una política social que fortalezca lo redistributivo, el empleo de las personas y el ingreso”.

Hizo un llamado a todos los partidos políticos para que incluyan en la discusión a organizaciones de la sociedad civil.

La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), Amalia García Medina, agregó que las actividades previas la redacción de la Constitución de la Ciudad de México generan gran expectativa y entusiasmo, por su contenido.

“Podría, tal vez, convertirse en un referente para la revisión de las Constituciones de las demás entidades federativas, e incluso para la Constitución General de la República”, expresó.

Hoy está la posibilidad de construir un texto constitucional con una visión de conjunto, homogénea, muy avanzada, y uno de los aspectos sustanciales de los que abría que partir es el mundo del trabajo, mencionó.

Compartió que ha participado con expertos en la materia y avanzan en el planteamiento de que existan conceptos generales en la Constitución que garanticen que la visión más avanzada esté en el contenido de los mismos.

Y planteó que debe desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), porque ha sido un elemento de contención del salario mínimo a lo largo de más de 30 años.

“No ha sido para garantizar lo que establece el artículo 123 de la Constitución, al contrario, no ha sido útil para garantizar el derecho de los trabajadores a un salario digno o decente”, abundó.

Durante los análisis, dijo, se ha planteado la pertinencia de que la Carta Magna especifique que se debe garantizar un “salario básico, un ingreso que permita vivir, es claro que el salario actual no alcanza para la canasta básica”.

Comentó que existe un debate, “que también se ha abierto, sobre la pertinencia de redactar el derecho universal de las personas a un salario digno; agregó que este concepto específico entraría en una política pública que ya existe en la Ciudad de México, que es el seguro de desempleo”.

Juan Gabriel Corchado, diputado del Partido Nueva Alianza, puntualizó que en la ciudad hay un gran cúmulo de trabajadores asalariados, “cuatro millones en este momento; sin lugar a dudas muchos esperan que sus beneficios y derechos queden plasmados en esta Constitución”.