PIDEN MAYOR DIFUSIÓN DE LEY DE CULTURA CÍVICA EN EL DF
26 de Octubre de 2011
Con la petición de difundir mejor la Ley de Cultura Cívica e inspeccionar el archivo de Notarías, revisar litigios, amparos y situación de litigantes que trabajan sin cédula profesional o el incumplimiento a la Ley Registral, la titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, Leticia Bonifaz Alfonzo, compareció ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa.
Por su parte, la servidora pública señaló que en su gestión se ha recuperado la Defensoría de Oficio y hay grandes avances en el Registro Civil; sin embargo, reconoció que uno de los retos más importantes es que el Distrito Federal tenga su propia Constitución que consagre los derechos, garantías y definiciones relevantes. Así, la ciudad dejaría de ser diferente respecto del resto de las entidades federativas.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Antonio Nava Vega reconoció la labor de Bonifaz Alonzo y resaltó que falta mucho por hacer en temas controversiales como la interrupción legal del embarazo, matrimonios entre personas del mismo sexo, voluntad anticipada y divorcios express. Aseguró que los servicios legales requieren modernizarse para mejorar los tiempos de los trámites y pidió verificar el estatus de los abogados litigantes que laboran sin cédula ni título profesional. Urgió la intervención de la funcionaria en la protección al medio ambiente en la construcción de la Supervía Poniente y en la Línea 12 del Metro.
Por su parte, el panista Carlo Fabián Pizano Salinas reconoció el trabajo de áreas como el Registro Civil, aunque criticó la falta su modernización, principalmente para atender la relación de folios y expedición de certificados; reclamó el incumplimiento de la Ley Registral; pidió una explicación por la disminución de trámites en el Registro Público y sugirió poner plazo para que los defensores de oficio cuenten con su título profesional. Insistió que falta una estrategia de difusión de la Ley de Cultura Cívica y marcó diversas anomalías en los juzgados cívicos.
El diputado perredista y presidente de la comisión, Julio César Moreno Rivera, coincidió en las acciones de justicia cívica que ha realizado el gobierno capitalino, porque con ésta se combate la inseguridad y se logra la convivencia y paz social. Resaltó las 17 nuevas leyes y 99 reformas a diversos ordenamientos jurídicos emitidas por este órgano colegiado que demuestran la coordinación entre la Consejería y la ALDF.
Durante los cuestionamientos, el diputado Antonio Nava Vega pidió la opinión de la consejera sobre los amparos por cambio de uso de suelo otorgados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; preguntó si hacen falta reformas en justicia especializada para adolescentes; cómo combatir la corrupción de algunos servidores públicos y si los juzgado cívicos itinerantes serán la solución para prohibir la reventa de boletos.
En su respuesta, la funcionaria dijo que para el caso de los amparos se debe combatir su efectividad predio por predio y la solución para algunos casos es emitir nuevos ordenamientos y actualizar programas. Aclaró que cuentan con el apoyo del Colegio de Notarios para evitar molestias a los compradores de buena fe que quieren escriturar y no pueden por irregularidades de origen y aseguró que el titular de Seduvi es el principal impulsor para solucionar estos casos. En cuanto a la corrupción dijo que se ha avanzado en combatirla y puso el caso del Registro Público de Propiedad donde se terminó con todas las redes de parentesco. Aseguró que tienen detectada a una familia que se dedica a la reventa de boletos.
Al formular sus preguntas, el diputado José Arturo López Cándido cuestionó si con el Instituto de Verificación se ha logrado inhibir la corrupción y cómo se enfrentan las presiones de la delincuencia organizada; particularmente puso el caso de la juez Mónica Soto, quien otorgo una suspensión que impide inspeccionar, verificar o sancionar la obra de la torre ubicada en Pedregal 24, colonia Molino del Rey. También pidió una opinión sobre los procesos de la Norma 29.
Bonifaz Alfonso resaltó la conveniencia de realizar una reunión de trabajo con el titular del Instituto de Verificación Administrativa, Meller Klip, para atender esta situación. En relación a la empresa que construye en Pedregal 24, expresó que el jefe delegacional en Miguel Hidalgo no podía intervenir, pero pidió apoyo y se pudo desarrollar un trabajo que afecta en tiempo de lluvias. Respecto a la Norma 29 dijo que con ésta las empresas ya tienen certeza jurídica y ahora sí sabrán donde sí o no pueden instalarse.
El diputado Carlo Pizano Salinas criticó lo que calificó como falta de legalidad del Jefe de Gobierno en la autorización del presupuesto pasado, distinto al aprobado por la ALDF; en relación con Seduvi pidió especificar cuáles son los criterios jurídicos de la administración pública; preguntó por qué se violan los derechos humanos de los desalojados por expropiaciones en la delegación Gustavo A. Madero y no se les indemniza. También pidió saber por qué no se respetan las recomendaciones de impacto ambiental en el caso de Supervía Poniente; cuál es la razón por la que no se han publicado los reglamentos de varias leyes y por qué el Jefe de Gobierno se excede en las facultades en sus recomendaciones respecto a la Ley de Gestación Subrogada.
La funcionaria aclaró que en el caso de la Ley de Gestación Subrogada, su recomendación al Ejecutivo local fue respetar el derecho de las madres que no pueden procrear, y aunque ya se había vencido el plazo para su publicación, se acordó analizarla nuevamente con los legisladores. Respecto del presupuesto reconoció que las cifras no empataban y que este año buscará que todo salga bien en los tiempos que marca la ley. Resaltó que los desalojos son legales y se busca una salida jurídica para indemnizar a quienes no han acreditado la propiedad de los inmuebles. Finalmente se comprometió a agilizar la expedición de reglamentos.
Por su parte, la diputada Lizbeth Rosas Montero criticó la ausencia de difusión de temas relacionados a la cultura cívica, tales como tirar y desperdiciar agua y basura. Asimismo se refirió al asunto de los notarios públicos evidenciados en actos de corrupción y cuántos predios han sido sujetos a extinción de dominio, cuántos han sido resueltos y cuántos están pendientes.
En su respuesta, la servidora pública reconoció que a la fecha no se ha logrado entrar en la fase de concientización real de la norma de decir “no lo debo hacer”, sin embargo aclaró que hay más de 500 personas sancionadas por diversos temas de cultura cívica en lo que va de esta administración. En cuanto al tema de los notarios públicos pidió a los legisladores hacer una reforma que les permita hacer visitas a las notarías sin que medie queja.
