Piden modificar reglas de operación para que personas con discapacidad permanente no tengan que actualizar documentos
26 de Junio de 2016
· El síndrome de Down, “no es algo que se pueda curar o quitar mágicamente, no puede ser sanado pues la condición intelectual de la persona se mantendrá igual a lo largo de su vida”, afirma la diputada Rebeca Peralta
· En la Ciudad de México existen alrededor 483 mil 45 personas con alguna discapacidad, lo que representa el 5.46% de la población de la ciudad, señala
La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Rebeca Peralta León, exhortó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y a los secretarios de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, y de Salud, Armando Ahued, así como al director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Gustavo Gamaliel Martínez, a modificar las reglas de operación de los programas sociales para que las personas con discapacidad permanente no tengan que actualizar periódicamente la documentación que certifica su estado de salud.
En un punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Diputación Permanente el pasado miércoles, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que la iniciativa busca otorgar una mejor calidad de vida para aquellas personas que tienen discapacidad total y permanente, que en la mayoría de los casos impide la movilidad e interacción con el entorno social.
La discapacidad permanente “no es algo que se pueda curar o quitar mágicamente, es decir, una persona que presenta una alteración intelectual como es el caso del síndrome de Down, no puede ser sanado pues su condición intelectual se mantendrá igual a lo largo de su vida”, estableció la legisladora por la delegación Iztapalapa.
Dijo que la propuesta “busca sensibilizar y acotar los requerimientos de los distintos programas sociales y asistenciales en la ciudad México y que están dirigidos a personas con alguna discapacidad, pero sobre todo a aquellas personas con una discapacidad permanente. Debemos señalar que existe discapacidad parcial que en algunos casos se consideran como disminuciones físicas y que también existe la discapacidad total y permanente que en su mayoría impide la movilidad e interacción con el entorno social”.
Dijo que la permanencia en el o los programas sociales dirigidos a personas con discapacidad “deben ser actualizados en cuanto a sus reglas de operación para que aquellos que ya hayan acreditado la discapacidad permanente no sea necesario actualizar el o los dictamen médicos y en su caso si existiera la necesidad de actualizarlos, que se establezcan mecanismos de actualización inmediata”.
La legisladora del sol azteca comentó que de acuerdo al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), en la capital del país existen alrededor 483 mil 45 personas con alguna discapacidad, lo que representa el 5.46% de la población de la ciudad.
En México, agregó, existen alrededor de 5 millones 739 mil 270 personas con alguna discapacidad, lo que representa 5.1% de la población total, según datos proporcionados por el INEGI.
La Ciudad de México debe priorizar e innovar en las reglas de operación de los programas asistenciales para personas con discapacidad total y permanente, priorizando en todo momento a personas con alguna discapacidad mental y física que les impide una libre interacción y movilidad en su entorno social, dijo.
En este sentido debe priorizarse el acceso, estancia y continuidad a los programas asistenciales a personas consideradas vulnerables, como los son las personas con discapacidad mental, ya que en muchas ocasiones a los tutores y/o familiares de la persona con esta condición les es solicitado actualizar los dictamen médicos de la discapacidad permanente, lo que causa una justificada molestia y disgusto a los familiares o tutores pues la movilidad de sus familiares con discapacidad representa complicaciones y dificultades generalmente, agregó.
A eso, concluyó, hay que sumarle la falta de recursos económicos que existe en los hogares mexicanos, lo que impide a los familiares actualizar los dictamenes médicos con lo que pueden acreditar la permanencia en dichos programa social.
