PIDEN ÓRGANOS AUTÓNOMOS A LEGISLADORES NO REDUCIR SUS INGRESOS
23 de Noviembre de 2011
Boletín # 846
• Advierten riesgos en su operación que afectarían a los capitalinos
Con la demanda de más recursos para infraestructura y capacitación, en el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y una Quinta Visitaduría que atienda problemas laborales de la Comisión de Derechos Humanos local, transcurrieron las comparecencia de los titulares de órganos autónomos ante las comisiones unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano legislativo.
Ante los legisladores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Edgar Elías Azar, precisó que para 2011 les asignaron 3 mil 723 millones de pesos, sin embargo gastaron 4 mil 33 millones de pesos, diferencia obtenida de estímulos fiscales de la federación. Explicó que estos recursos se destinaron a jueces de ejecución de sanciones penales y para cubrir cuatro por ciento de incremento para el salario directo de todos los trabajadores del órgano autónomo, porcentaje que no previó la Asamblea Legislativa.
Destacó que para 2012 la Secretaría de Finanzas otorgó un techo presupuestal de 3 mil 723 millones de pesos, sin embargo el mínimo irreductible con el que el Tribunal podría operar es de 4 mil 346 millones de pesos, es decir, existe un déficit en operación de 623 millones de pesos, que de mantenerse así, advirtió, la operación del mismo podría verse afectada.
En cuanto al presupuesto del Consejo de la Judicatura, Elías Azar, resaltó que hasta el momento el techo presupuestal enviado por la Secretaría de Finazas es suficiente para ser operado correctamente con eficiencia y ahorros, por lo que solicitó a los legisladores no reducir lo planteado inicialmente.
Al referirse a las reformas constitucionales que pretenden cambiar la conceptualización de la administración de justicia y la falta de recursos para alcanzar los objetivos a nivel nacional, el diputado David Razú Aznar, preguntó al servidor público qué porcentaje de los recursos se destinará para el fortalecimiento de la infraestructura y cuánto a capacitación, además del programa de las Cortes de Droga.
En repuesta, señaló que para capacitación el requerimiento es mínimo, pues magistrados y jueces cuentan con total experiencia, conocimiento y madurez; sin embargo, para infraestructura se necesita hasta 80 por ciento del presupuesto, pues se requiere cuando menos la construcción de cinco juzgados por cada reclusorio en la Ciudad de México. En cuanto a las Cortes de Drogas, detalló que éste es un tratamiento voluntario que se aplica a los sentenciados.
El ombudsman capitalino, Luis Armando González Plascencia, dijo que desde 2007 la CDHDF tiene un déficit de 22 millones de pesos en su presupuesto, y que de los recursos proyectados para 2012 requieren 26.5 por ciento más, es decir, 74 millones de pesos.
Sostuvo que entre los requerimientos urgentes se encuentra la creación la Quinta Visitaduría General que se encargaría de los asuntos laborales; renovación vehicular, nivelación y recomposición de escalafones para resolver la brecha entre personal de estructura, de honorarios, salarios de los funcionarios, mandos medios, y personal de enlace y operativo, además de actualizar archivos, crear una plataforma interactiva, entre otros.
El diputado Leobardo Urbina Mosqueda solicitó mayor información respecto del impacto y la proyección presupuestal para adecuar el trabajo de la Comisión a las modificaciones constitucionales, cuánto se destina al gasto corriente y cuánto han erogado para informar a Comités Vecinales y Consejos de los Pueblos o ciudadanías en general de las iniciativas locales y federales en favor de los derechos humanos.
A su vez, el diputado David Razú Aznar se refirió a la distribución actual de la plantilla del personal y sus necesidades; mientras que la diputada Valentina Batres Guadarrama, preguntó cuáles serían las consecuencias de no contar con la nueva visitaduría planteada, y adelantó que el trabajo para sacar adelante el presupuesto de la ciudad será amplio y complicado. Sin embargo se comprometió a desempeñar un papel responsable.
En respuesta, comentó que para poner en operación la Quinta Visitaduría se requieren 18 millones 50 mil 660 pesos y que de no lograr su implementación se perdería la oportunidad para atender y poner orden a los temas laborales en la Ciudad de México, además de que se convertiría en un nuevo problema.
En cuanto a la plantilla del personal, González Plascencia resaltó la propuesta de regularizar 141 plazas de personal que actualmente cobra por honorarios, y que deberían ingresar por la vía del servicio profesional a estructura. Para informar a comités ciudadanas a través de reuniones semanales, han utilizado cerca de 20 millones de pesos.
--oOo--
