PIDEN REVISAR ENTREGA DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS EN UNIVERSIDADES
04 de Noviembre de 2014
El Diputado Dr. Rodolfo Ondarza Rovira presentará un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que solicitará al Secretario de Educación Pública, Lic. Emilio ChuayffetChemor y al Dr. Jesús Ancer Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), supervisen la entrega de premios en las universidades e instituciones públicas y privadas.
Lo anterior, toda vez que en fechas recientes el patronato del Premio Luis Elizondo del Tecnológico de Monterrey, que se otorga desde 1967 a personas u organizaciones por su destacada labor científica y humanitaria, fue sorprendido por el Sr. Julio Everardo Sotelo Morales, conocido ampliamente en el medio científico en salud como delincuente en ciencia, y quien ha sido denunciado por crímenes de Lesa Humanidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la organización de dirige el Obispo Raúl Vera, apoyado por 40 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), siendo también acusado de fabricación y alteraciones de resultados de sus investigaciones.
En conferencia de prensa, el Diputado Ondarza señaló que la entrega del premio al Dr. Sotelo es casi comparable a entregarle un premio al ex edil de Iguala, José Luis Abarca, acusado de la muerte y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, e incluso peor, pues al primero se le atribuyen muchos más muertos, resultado de sus investigaciones en más de 500 pacientes.
Además, lamentó que universidades como el TEC de Monterrey y la UNAM se presten a brindar reconocimientos a personajes con estos antecedentes, los cuales han sido documentados plenamente por los medios de comunicación.
Y es que desafortunadamente en México no existe una dirección o alguna otra instancia, que investigue y castigue a las personas que cometen fraudes científicos, como si existe en otros países, el cual se denomina “Integridad Científica”, por lo que todos los delincuentes en ciencias de nuestro país, viven y se sustentan de la impunidad, solo en contadas ocasiones, tienen una “sanción moral” por sus compañeros, cuando en realidad muchos de ellos deberían ir a prisión como sucede en los países donde se cuenta con ética en investigación científica.
En nuestro país, los premios otorgados por Instituciones de Educación Superior o por alguna fundación o instancia pública o privada, no solo son un reconocimiento a una labor desempeñada,sino que significan aumentar el curriculum personal y por lo tanto una posibilidad para ocupar posiciones vinculadas con el poder público.
Las revistas científicas internacionales no verifican los resultados de estudios que se les envían pero confían en que si alguna institución respetable propone la publicación de algún estudio de investigación, lo dan por verdadero, lo que esto, no siempre es así en nuestro país.
Es así que falsos investigadores científicos mexicanos, por la ambición de obtener dinero y mejores posiciones como funcionarios públicos o privados, utilizando el dinero del pueblo de México, aprovechan las debilidades del sistema de ciencia nacional e internacional, cometiendo fraude científico ya sea con plagio, fabricando o alterando resultados de sus investigaciones, quedando en la impunidad.
Con frecuencia las Instituciones de Educación Superior, las fundaciones o instancias gubernamentales, que otorgan premios, en nuestro país, no verifican los actos delictivos de los candidatos.
Es claro que el Sr. Julio Everardo Sotelo Morales es un delincuente, y que en su ambición por ocupar puestos de alto funcionario público y obtener más dinero, ha expuesto en sus investigaciones y dañado a centenares de personas manteniéndose en la impunidad, y lo que es peor, recibiendo premios.
Por ello, en el Punto de Acuerdo, el Diputado Ondarza señala que personas así no deben recibir algún reconocimiento; por lo que considerando este antecedente, también propone a la Secretaria de Educación la urgente creación de una Dirección de Integridad Científica en nuestro país, que sea imparcial, y este compuesta por personas honorables, magistrados, académicos y científicos que no sean funcionarios de CONACYT o de Sistema Nacional de Investigadores, para que no sean juez y parte.
