PIDEN TRADUCTOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
14 de Marzo de 2015
De acuerdo a la ONU hay 500 millones de personas con discapacidad en el mundo, mientras que en México, la cifra oscila entre los 10 y 12 millones de habitantes, destacó Miriam Saldaña Cháirez, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF, al señalar la urgencia de terminar con cualquier tipo de discriminación en contra de este sector vulnerable.
La segregación a personas con discapacidad se realiza con manifestaciones cotidianas que resultan invisibles para el resto de la gente, sin embargo está latente, dijo.
Por ello, la legisladora propuso a la Procuraduría General de Justicia y la Consejería Jurídica y de Servicios Leglaes del DF realicen acciones para modificar el Artículo 26, Fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGJDF, a fin de proporcionar un intérprete y/o traductor certificado o con acreditación oficial, que demuestre su competencia en el área, como auxiliar del ministerio público y se evite padecer dificultades en los procedimientos administrativos o judiciales, a aquellas personas con discapacidad.
Las medidas pretenden eliminar las condiciones que pudieran afectar adversamente la vida de las personas con discapacidad, y es obligación de las autoridades correspondientes garantizar un trato igualitario entre las personas, subrayó la diputada.
En México, el porcentaje de personas con discapacidad es significativo y limita el fácil acceso al ejercicio de sus derechos; esta población demanda el establecimiento de normas jurídicas que eliminen progresivamente las barreras existentes. En este sentido, la normatividad jurídica debe contemplar el cuidado de sus derechos humanos.
Lamentablemente, indicó la asambleísta, las personas con discapacidad padecen un sinfín de dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, psicológicas y/o conductuales; los espacios públicos no están planeados en función de sus necesidades y aunado a esto sufren, en su mayoría, una doble discriminación, ya que el género, la condición socioeconómica, raza y etnia, pueden acentuar esta situación.
Es menester adoptar medidas legislativas que permitan eliminar las condiciones adversas para las personas con discapacidad, entre otras, el acoso y la victimización. Deberá eliminarse toda disposición discriminatoria contra este sector poblacional. Es necesaria la existencia de mecanismos, en todos los ámbitos y entornos, que puedan mejorar sus condiciones de vida y sean reconocidas como personas titulares de derechos humanos y como partícipes de la sociedad, puntualizó Miriam Saldaña.
