Plantea Leonel Luna endurecer las sanciones a quienes quebranten sellos de suspensión
25 de Julio de 2017
Boletín # 664
- Propone multa de cuatro a siete años de prisión y un pago de mil a 2 mil 500 pesos, tratándose de giros mercantiles considerados de impacto vecinal
El diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y del Código Penal del Distrito Federal, con el fin de endurecer las sanciones a quienes quebranten los sellos de suspensión puestos por la autoridad a establecimientos mercantiles o construyan giros catalogados como de impacto vecinal.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, busca generar las condiciones y adecuaciones necesarias para mantener la calidad de vida de los vecinos que tengan a unos cuantos metros de su vivienda negocios que afecten su tranquilidad.
La propuesta también tiene como meta evitar la discrecionalidad en la vigilancia del ordenamiento territorial y la operación de establecimientos mercantiles que se encuentren catalogados como giros de impacto vecinal o impacto zonal.
Para ello, la iniciativa con proyecto de decreto busca reformar y adicionar los artículos 286 y 286 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, para que quien quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad competente se le imponga de cuatro a siete años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa, tratándose de giros mercantiles considerados de impacto vecinal.
Se equipara al delito de quebrantamiento de sellos y se sancionará con la misma pena al titular, propietario o responsable de una construcción de obra.
Al titular o propietario de una casa habitación en construcción que quebrante los sellos de clausura, se aplicará pena de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.
Con lo anterior, se asegura el cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica de los habitantes de la ciudad, y fortalecerá en beneficio de la ciudadanía los principios de transparencia y rendición de cuentas, que hoy debe observar el quehacer público en cada uno de los temas que rodean al ordenamiento territorial y el impacto negativo que produce a la calidad de vida la inobservancia normativa en la actividad comercial.
