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PLANTEAN FORTALECER REFORMAS CONTRA LAVADO DE DINERO

PLANTEAN FORTALECER REFORMAS CONTRA LAVADO DE DINERO

22 de Agosto de 2013

Con el objetivo de combatir la proliferación del delito de lavado de dinero en la capital del país, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Santiago Taboada Cortina y Héctor Saúl Téllez Hernández, llevaron a cabo el Foro “Análisis de las Reformas y Propuestas contra el Lavado de Dinero en el Distrito Federal”.

En el acto inaugural, los legisladores de Acción Nacional coincidieron en que la prevención del delito de lavado de dinero, así como el combate al financiamiento de la delincuencia debe ser una parte fundamental en la estrategia integral del Estado contra el crimen organizado.

Para el presidente de la Comisión de Hacienda de la ALDF, Héctor Saúl Téllez, es necesario y urgente dotar de herramientas a las autoridades para combatir el lavado de dinero en el Distrito Federal, con objeto de evitar tener a nuestras autoridades rezagadas en el esfuerzo por erradicar dicha práctica que genera jugosas ganancias para los grupos de la delincuencia organizada.

“A nivel federal se han dado pasos muy importantes en la materia, como lo es la emisión y próximo inicio de vigencia, el 17 de julio, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, reconoció.

Insistió que Acción Nacional pone en la mesa una iniciativa para luchar frontal y contundentemente en contra de este delito, que genera en México, año con año, una cantidad de entre diez mil a 40 mil millones de dólares, por delitos como el secuestro, extorsión, robo, fraude, evasión fiscal, trata de personas y narcotráfico.

Téllez Hernández subrayó que el eje principal del paquete anti- lavado que proponen es evitar y reducir, en la medida de lo posible, que el sistema financiero sea vulnerado, o en su caso alterado, por la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, por lo que se procura preservar su integridad y, por ende, la de la economía nacional y local.

En su participación, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Santiago Taboada Cortina, advirtió que, de acuerdo con el estudio “México: Flujos financieros ilícitos, desequilibrio macroeconómico y la economía sumergida”, realizado por la firma Global Financial Integrity, el país ocupó la segunda posición en la comisión de lavado de dinero en una lista de 160 naciones en vías de desarrollo.

Alertó que el Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República, ha detectado más de tres mil 600 formas para lavar dinero en México, lo cual ha convertido a este delito uno de los más difíciles de tipificar, lo cual ha sido afirmado en distintos momentos el Subprocurador Especializado de Investigación de Delincuencia Organizada de la dependencia.

“La presente iniciativa pretende colmar las necesidades de actualización de la legislación local en la materia de prevención y combate al lavado de dinero. Con estas medidas propuestas, se robustecerá el estado de derecho en nuestra capital, inhibiendo la práctica de abusar de los mecanismos legales y las estructuras corporativas de las personas morales”, destacó.

Los legisladores de Acción Nacional enlistaron una serie de reformas que se proponen para el combate al lavado de dinero en el Distrito Federal:

•Respecto al Código Penal, se pretende complementar las consecuencias jurídicas para las personas morales, utilizadas para la comisión de estos delitos, se impulsa la homologación normativa y el optimizar la conducta del tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita;

•Se modifica el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, a efecto de prever el aseguramiento de bienes con valor equivalente, para que con dicha medida la labor de la autoridad quede dotada de eficacia;

•Se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal para elevar a rango de ley la existencia de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, dentro de la estructura de la Secretaría de Finanzas;

•Se propone la inclusión a la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal de entidades que puedan aportar información pertinente para los procesos de extinción de dominio en el Distrito Federal, como son la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República y las demás Procuradurías y Fiscalías de los estados de la República;

•Se pretende adicionar a la Ley del Notariado del Distrito Federal las causales de revocación de patente que se encuentran señaladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia.

En este sentido, el Ex Subprocurador de Asuntos Jurídicos de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera, señaló que el contexto de esta discusión es la entrada en vigor de una nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual dijo es el producto del trabajo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de que tiene que ver con la inserción del país en organismos internacionales.

En el foro participaron el ex Subprocurador de Asuntos Jurídicos de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera; el subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la PGJDF, Jorge Antonio Mirón Reyes; el Presidente del Colegio de Notarios del DF, Ignacio Morales Lechuga; el Presidente de la Unión de Interinstituciones Financieras Mexicanas A.C., Miguel Ángel Vences Linares; y el Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, Jorge Silva Morales.

Los asistentes coincidieron en que es fundamental en la Ciudad de México la aprobación de una propuesta como ésta, que le pueda brindar a los habitantes del Distrito Federal la certeza de contar con una normatividad de vanguardia para fortalecer su seguridad y a las autoridades; más y mejores herramientas para desgastar de manera definitiva las finanzas del crimen común y la organizado en la capital del país.