PLANTEAN SANCIONES POR DELITO DE USURPACIÓN
09 de Octubre de 2014
Con el fin de salvaguardar la integridad personal y de salud, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Lucila Estela Hernández, propuso sancionar a quien cometa el delito de usurpación, cuando se solicite créditos ante instituciones bancarias, tiendas departamentales o análogas, específicamente con adultos mayores o personas con discapacidad, particularmente cuando el producto se refiera a un vehículo automotor.
Estela Hernández enfatizó que se refiere a vehículo automotor, debido a que el robo de éstos se comete con documentos sustraídos ilícitamente, usurpando la identidad del comprador; asimismo, en el caso de los adultos mayores, el agravante debe aplicarse con severidad por la falta de consideración a este sector de la población.
Para reforzar lo anterior, la legisladora señala que el 19 de julio de 2010, el Distrito Federal reformó el Código Sustantivo Punitivo, el cual tipifica la Usurpación de Identidad, adicionando el artículo 211 Bis, el cual detalla que a quien usurpe con fines ilícitos la identidad de otra persona, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de 400 a 600 días de multa.
Por lo anterior, en sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Estela Hernández, manifestó que es oportuno ser cautelosos porque la información personal se puede obtener a través de medios electrónicos. “De acuerdo a una investigación del Diario Milenio Monterrey, el 70 por ciento de los casos de robo de identidad son a través del robo directo de pertenencia, mientras que el resto, es a través de medios electrónicos”, precisó.
La diputada perredista dijo que no se puede desincentivar la posible conducta ilícita, por tratarse de un delito no grave, además la prevención general de acuerdo a la Entidad Federativa es mínima y con ello no es posible erradicar dicho delito.
Finalmente la perredista no soslaya la grave situación que afecta a las personas que padecen la usurpación de identidad, debido a que los derechos de las personas deben ser protegidos y garantizados.
