POSICIONAMIENTO DIPUTADO ALFONSO SUÁREZ DEL REAL, SOBRE SESIÓN SOLEMNE
19 de Septiembre de 2015
A tres décadas de tan dramáticos sucesos vale la pena hacer el balance en torno al quehacer legislativo y al gubernamental en materia de la Protección Civil y gracias ello ubicar aquellas desviaciones y aquellos pendientes que debemos a esa solidaria sociedad emergida de los escombros de los sismos de 1985.
RESTITUCIÓN DEL ESPIRITU PARTICIPATIVO DE LA PROTECCIÓN CIVIL COMO EJE RECTOR DE LA EXIGIBILIDAD DE ESE DERECHO HUMANO. Ante la dimensión de la tragedia, las autoridades aplicaron el Plan DN-III para imponer el control militar en una Ciudad en la que las autoridades se pasmaron. Más que procurar el apoyo a los damnificados se ordenó determinar áreas prohibidas – separos de las oficinas centrales de la PGJDF en la calle de López- precintar edificios con información oficial y presionar a una imparable organización vecinal que, al tiempo, obligó a las autoridades a instrumentar canales “institucionales” de actuación ciudadana, convocando a una Reforma Política inconclusa a tres décadas de distancia.
Ese colectivo, al que la clase política de la época denominó “Sociedad Civil” es la simiente del proceso democratizador del Distrito Federal, entre cuyos logros se encuentra esta Soberanía como órgano de representación popular, al que se le escamoteó hasta 1995, - es decir una década después de los sismos-, la facultad acotada de legislar, lo que permitió decretar la primera Ley de Protección Civil del Distrito Federal en diciembre de ese año.
Aprovecho la ocasión para expresar el reconocimiento desde tribuna popular a todas y todos aquellos que intervinieron en la elaboración de esta Ley, en particular a quienes conformaron la primera comisión en la materia, presidida por Estrella Vázquez Osorno, vicepresidida por Carmen Segura Rangel y la Secretaria ocupada por la finada Martha de la Lama Zapico Noriega, así como a la orientación jurídica del Dr. Alfredo del Valle, cuyos aportes fueron fundamentales en la sólida construcción de una ley compacta y accesible a toda la población.
Conformada por 58 artículos en VII títulos y seis transitorios, la ley asume como eje rector la protección del ser humano, de su vida, sus bienes y su entorno, plasmado expresamente en la fracción V del Artículo 9° , cuya redacción inserta a la Protección Civil como un derecho humano, - en aquella época de 4° generación - y se estableció como fundamental a la formulación de la política, la aplicación y evaluación de sus instrumentos y acciones a la participación corresponsable de la sociedad, tal y como lo refiere la fracción IX del citado artículo, lo que en consonancia instauró a la participación social como la columna vertebral del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.
A treinta años de distancia, esa sencilla y clara ley ha sufrido transformaciones que impusieron un sistema de control social por sobre la participación comprometida de la población, la ley vigente, decretada el pasado 27 de nov de 2014, está integrada por 226 artículos, - casi cuatro veces más que la anterior- seis títulos y 23 artículos transitorios.
La falta de compromiso gubernamental se exhibe en el incumplimiento de algunas de estas disposiciones transitorias, como por ejemplo el establecimiento del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación que, debió haber iniciado sus actividades el pasado 28 de mayo, o la ausencia del documento de actualización de los términos de referencia en el reglamento, que debió haberse cumplido el 28 de marzo, o peor aún la adecuación de las nuevas disposiciones legales al Reglamento que el artículo Octavo transitorio fijó para el 13 de mayo, esta omisión, pone en riesgo un Sistema vertical, controlador, burocrático excluyente de la participación corresponsable y democrática de la política de la protección civil que la bancada de morena propone restaurar para cumplir con el objetivo fundamental de promover la participación corresponsable de la sociedad en la formulación, ejecución y evaluación de los programas en al materia y de todas las acciones de protección civil que se emprendan, entendiendo que en el 85 fue la sociedad la que se rescató a sí misma, la que generó las medidas de mitigación y la que exigió la reconstrucción de sus viviendas en sus barrios y colonias.
SALDO GUBERNAMENTAL: VERTICALIDAD PARA EL CONTROL Y TUTELAJE SOCIAL A TRAVÉS DE LA PROTECCIÓN CIVIL
La animadversión de la clase política a las organizaciones demandantes de vivienda y a favor del estado 32 provocó una actitud hostil hacia la participación social y por ello se fraguó la consigna de someter las acciones de protección civil en la Ciudad al ámbito de las facultades de la Policía.
Contra esa riesgosa concepción en 1995 se generó un profundo debate social, que se ganó en las calles y en la Tribuna, expresando el rechazo social al esquema militarizado adoptado por el Ejecutivo Federal para nuestra Ciudad.
El espíritu de la Primera Ley de Protección Civil blindó esa tentación empoderando a la sociedad civil a organizarse desde su Unidad Habitacional, cuadra, barrio o colonia, para estar mejor preparados ante cualquier contingencia.
A partir de 2008 y en consecuencia a la imposición de una política gestada allende nuestras fronteras, generadora de incertidumbre y miedos colectivos, se inició una solapada guerra contra disposiciones y mecanismos que impulsara y garantizaran la participación social en cualquier tema de gobierno, anulación del derecho básico de ser consultado que facilitó la transformación de la Ciudad como histórico escenario del ejercicio de derechos, libertades y garantías y a una “Ciudad-Marca”, nicho de oportunidades de negocios para los que los únicos riesgos son los financieros, no los contemplados por la Protección Civil.
Mientras que en el mundo experto como el Dr. Manuel Ballbé afirman que “el objetivo primordial de un Estado de Derecho es la preservación de la vida y de la integridad de las personas y la observación de que la mayoría de las víctimas no se producen por acciones delictivas tradicionales, sino por negligencias, infracciones administrativas o acciones involuntarias fruto de la falta de un intervencionismo administrativo dedicado a la supervisión de todas las actividades que suponen un peligro o un daño a las personas”, cuando constatamos información como la publicada el pasado 17 por El Universal en el sentido de que en los primeros seis meses de esta año el gobierno de la Ciudad no asignó ni ejerció presupuesto para seguridad y rehabilitación de vivienda en alto riesgo en el Centro Histórico y propició sólo un programa de “fachadismo” para la promoción turística de esa zona en la que han ocurrido 4 derrumbes de viviendas en alto riesgo: Roldán y Manzanares; Eje Central y Perú; Perú 48 y Eje 1 Nte. 101 esq. con Argentina. Co ello queda claro que para esta administración la protección civil es motivo de simulacros, actividades que sin la previa preparación colectiva desde los espacios naturales de convivencia o de trabajo, son meros ejercicios mediáticos sostenidos por las generaciones que han recibido en la escuela el adiestramiento sobre el quehacer ante los sismos, esas generaciones actúan porque su instinto de sobrevivencia ante las fuerzas telúricas ha sido educado, pero en la Ciudad se carece de ese mismo entrenamiento ante la ocurrencia de un incendio, una inundación u otro tipo de riesgo.
Dos son los temas sustantivos que morena impulsará en esta Asamblea: hacer exigible que el derecho a la protección de vida, bienes y entorno no sea garantizado por esquemas autoritarios y el reinstaurar el Programa de Vivienda en Alto Riesgo que de 2003 a 2005 generó más de cien mil acciones de vivienda en favor del arraigo vecinal e impulsar un programa de atención integral a las viviendas construidas entre 1985 y 1990 dentro del Programa de Reconstrucción de la Vivienda Popular y Social en la Ciudad.
EL SALDO DEMOCRÁTICO: LA INTEGRACIÓN FALLIDA DEL D.F. COMO ENTIDAD CON PLENO DERECHO EN EL CONCIERTO DE LA REPÚBLICA.
A treinta años de los sismos de 1985, el avance democrático que se concibió en la lucha urbana por reconocer al Distrito Federal como el Estado 32, es un compromiso escatimado por valoraciones partidistas que no superan los resabios coloniales a los que se tuvieron que enfrentar hombres como Prieto, del Castillo Velasco, Cendejas, El Nigromante durante el Constituyente de 1857 cuando ese anhelo se planteó, se defendió y ante argumentos fútiles se descartó.
En el 2012 el tema se integró al Pacto por México y en el camino fue entrampado por el ánimo centralista que campea entre los partidos que se atrevieron a votar una desaseada y agraviante minuta aprobada por el Senado y turnada al cuarto para las doce para salir del compromiso con el titular del GDF.
El Dictamen de marras agravia al espíritu democrático surgido de lso escombros del 85, agravia a los ciudadanos de esta Muy Noble y Leal Ciudad de México, agravia a esta Soberanía al imponernos una tutela constituyente, una “camisa de fuerza” injerencista que exhibe un mecanismo de control gubernamental que determinar que 40 de los 100 diputados constituyentes sean designados por las Cámaras de Senadores y Diputados Federales, el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno, en vez de ser electos por el sufragio libre de los capitalinos.
Por decencia parlamentaria morena respetuosamente exhorta al Senado de la República retire tal infamia, recupere ese nefasto dictamen que exhibe un espíritu contrario al decoro democrático.
Respetuosamente rogamos a los Diputados de la LXIII Legislatura que recuperen el legado del sabio legislador y jurisconsulto, Don Juventino Castro y Castro quien antes de pasar a mejor vida presentó una iniciativa que respeta la Soberanía de los capitalinos.
La sencilla propuesta, presentada al pleno el 10 de diciembre de 2009, propone con claridad que sólo se requiere derogar el artículo 122 constitucional y reconocer en el artículo 44 que la Ciudad de México es la capital del Distrito Federal y de los Estados Unidos Mexicanos y que compete al Distrito Federal convocar a su Constituyente, expedir su Constitución en forma soberana e independiente y que este pacto social tenga las mismas atribuciones, prohibiciones y limitaciones que cualquier otra entidad federativa.
Concluyo convencido de que a tres décadas de los sismos, estamos recibiendo graves pendientes y agravios sociales, situaciones que nos obligan en aras de la solidaridad expresada por una sociedad gravemente afectada por un fenómeno destructivo a construir los obligados consensos que permitan resolver, reparara y reconstruir los principios de la Protección Civil como derecho humano y no sólo como un programa de gobierno, como un sistema articulante y a la vez apabullante, que nos lleve a una solución legislativa a favor de esa sociedad civil, a la que, a escasas horas de la tragedia el acucioso Carlos Monsiváis definió como la “sociedad pospuesta, conformada a golpes telúricos” una sociedad conformada por esos “héroes de los escombros” que forjaron el espíritu de justicia social y democratizador de una Ciudad con 690 años de existencia y resistencia, una Ciudad a cuyos habitantes esta Soberanía debe empoderar, y corresponsablemente salvaguardar y proteger.
