POSICIONAMIENTO DEL GPPRD-ALDF DIP. GABRIEL ANTONIO GODÍNEZ JIMÉNEZ
26 de Marzo de 2015
Buenos días diputadas y diputados e invitados especiales que hoy nos acompañan
Señor Procurador, bienvenido a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, este órgano de gobierno lo recibe con gusto como espacio partícipe de un ejercicio democrático y de rendición de cuentas.
El día de hoy, 26 de marzo de 2015, cumpliéndose seis meses de los lamentables hechos en Iguala, en los que resultaron seis personas fallecidas, veintisiete heridos y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, no podemos dejar de lado la exigencia de presentación con vida de los jóvenes desaparecidos y justicia para las víctimas.
Además, casos lamentables como este, nos recuerda que la procuración de justicia es una tarea sumamente delicada y de muchas responsabilidades porque involucra la libertad, la seguridad jurídica de las personas y la posibilidad de que el Estado Garantice estos derechos.
La imperiosa necesidad de hacer cumplir los principios establecidos en Nuestra Constitución Política para que toda persona, sin discriminación pueda acceder a una justicia efectiva, pronta y expedita, conlleva una serie de compromisos reales por parte de todas las autoridades involucradas que además exige en todo momento un trabajo de coordinación permanente.
La figura del Ministerio Público, como actor fundamental en la procuración de justicia, se centra sobre su estructura y funciones en un sistema nacional que se pretende transparente y eficiente, sin embrago los Agentes del Ministerio público y la Policía de investigación deben redoblar esfuerzos en su preparación, responsabilidad y compromiso social por el respeto a los derechos humanos para dejar de lado la desconfianza institucional que tiene la ciudadanía sobre el Ministerio Público.
En tal virtud, el tema de la procuración de justicia tendrá otra percepción por parte de las y los ciudadanos si se pone énfasis en valores como el humanismo, sensibilidad y respeto que debe llevar todo proceso de investigación.
Recientemente, se celebró la Primera Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia de Procuración de Justicia Zona Centro donde se alentó lograr una justicia transparente, eficaz, plenamente preparada para la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y que en todo momento sea respetuosa y garante de los Derechos Humanos.
En ese camino, reconocemos el esfuerzo del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal por su trabajo conjunto en la implementación del nuevo modelo de Sistema Penal Oral y Acusatorio; recordemos que hace casi un año, el Jefe de Gobierno presentó la Iniciativa de Ley con la finalidad de dar cumplimiento a la vacatio legis de la reforma constitucional de 2008 en materia de seguridad y justicia penal, que hoy ya es una realidad en nuestra ciudad.
La operación de este modelo, nos plantea diversos aspectos respecto de la procuración de justicia, un estudio del Centro de Análisis de Políticas Públicas nos arroja que las víctimas tienen pocas probabilidades de ver sus casos resueltos, las Agencias del Ministerio Público son insuficientes y su tasa de efectividad es muy baja. En promedio resuelven apenas el 13 por ciento de las averiguaciones previas que se inician y las cárceles, en su mayoría están sobrepobladas.
El mismo estudio refiere los valores de la Procuración de Justicia, en cinco términos: Número de agencias del ministerio público por cada cien mil habitantes, Efectividad de resolución de Investigaciones, cumplimiento en órdenes de aprensión, Confianza en el Ministerio Publico, Consignaciones respecto del total de denuncias y Consignaciones por homicidio con respecto del total de homicidios dolosos.
En este sentido y como parte de los resultados de este estudio el Distrito Federal tiene aspectos que superar en todos los rubros, debido a que se trata de la entidad con más reclusos por cada cien mil habitantes y la que tiene los Centros de Readaptación Social más sobrepoblados, además se encuentra entre la primeras cinco entidades con más presos por custodio, más incidentes penitenciarios, mayor tasa de reincidencia, más presos sin condenas y el mayor número de presuntas violaciones de derechos humanos por cada cien mil habitantes.
El nuevo modelo de justicia penal obliga a realizar cambios sustantivos para dar cauce a una forma diferente de entender y aplicar la justicia en México que garantice el derecho de las víctimas y de los inculpados, que privilegien la conciliación y las salidas alternas, que prevengan en vez de castigar y que respete en todo momento los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Hacia allá vamos, y estamos seguros que con el trabajo coordinado institucional el Distrito Federal puede dar muestra de su preocupación y compromiso con su sociedad.
Otro de los temas que quisiéramos destacar es que desde varios años, la Procuraduría del Distrito Federal cuenta con Protocolos de actuación específicos entre los que destacan los casos de tortura, los feminicidios, los de crímenes de odio por homofobia con la finalidad de brindar una atención a especial a grupos que por su propia condición requieren de medidas específicas para ser atendidos en sus denuncias ; sin embargo insistimos en el fortalecimiento y aplicación efectiva de estos Protocolos cuando se ven involucrados estos grupos diferenciados para dar cumplimiento a las Sentencias Internacionales dirigidas a México, donde se ha evidenciado la falta de mecanismos específicos en los órganos encargados de la procuración de justicia en nuestro país y que han causado una doliente impunidad para las víctimas.
Por otro lado, al inicio de esta intervención, hacíamos referencia a los desafortunados acontecimientos de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero, que hoy cumplen seis meses sin haber respuestas contundentes por parte de las autoridades.
Este tema sensible en donde el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto especial interés para establecer los mecanismos legales y administrativos mediante los cuales se prevenga, sancione y elimine la desaparición forzada de personas en nuestra ciudad.
En ese sentido, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal envió a esta Asamblea Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se expide la Ley para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada y la desaparición por particulares en el Distrito Federal, misma que fue aprobada por el pleno de esta Asamblea el mes pasado.
Celebramos desde luego que hoy contemos con una legislación garante e incluyente que podrá ser una realidad en la medida en que la investigación de los delitos cumpla con la observancia y respeto de dicha ley.
México, enfrenta grandes desafíos en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas.
A nivel nacional, hasta el día de hoy, aún no se tienen datos oficiales y confiables del número de desapariciones forzadas en las que pueda corroborarse la participación directa o por aquiescencia del Estado.
Tampoco existe una metodología clara sobre la construcción del Padrón de desaparecidos en México, justo en este tema tiene vinculación directa con la procuración de justicia, pues de manera general las entidades federativas no cuentan lineamientos claros para saber cómo se reciben las denuncias y cómo se clasifican.
Recordemos que el pasado 13 de febrero de 2015 en Ginebra Suiza, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas evaluó a México como Estado signatario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas de la Desaparición Forzada.
De las Observaciones finales del Examen que el Comité realizó a nuestro país , observó con preocupación el contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse de forzadas, cuya recomendación específica se centra en tipificar el delito de desaparición por particulares.
La ciudad de México cuenta hoy con una ley sobre la materia, pero como todo ordenamiento jurídico que es perfectible, requiere de un trabajo constante y permanente para hacerlo realidad y garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y ser tratadas con humanidad y dignidad en los procesos de investigación.
Estamos seguros que esta Procuraduría adquirirá el compromiso que se requiere para hacer valer los principios de legalidad, justicia y eliminar la impunidad en este tipo delitos para transitar a un modelo garante de los derechos humanos.
Extendemos y reconocemos la labor de la Procuraduría y el personal a su cargo en coordinación con sus entes descentralizados.
Exhortamos a esta entidad para que los derechos de las víctimas y de los probables partícipes en la comisión de algún delito sigan siendo garantizados sin discriminación alguna mediante el refuerzo institucional con la finalidad de que toda interposición de denuncia sea accesible a cualquier persona que haya resentido alguna afectación en sus derechos y libertades y que la cultura de la legalidad sea un eje motor en la convivencia social.
Ratificamos desde esta Asamblea nuestro compromiso por construir ese espacio de diálogo para recobrar y fortalecer la confianza de la ciudadanía y trabajar a toda costa por que las víctimas no sean criminalizadas por sus autoridades.
Es cuanto, Diputada Presidenta.
