Predialazo, severo ataque a derechos humanos: Morena
28 de Marzo de 2017
· Darle carácter vinculatorio a las recomendaciones sobre la violación a estas garantías pide la diputada Ángeles Valencia a Perla Gómez, de la CDH local
· Respeto al comercio informal y castigo a ilegalidades en las construcciones inmobiliarias, pide el legislador Paulo César Martínez
En la comparecencia de Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local ante la Asamblea Legislativa, la diputada Ana Juana Ángeles Valencia advirtió sobre los severos daños ocasionados por la indiscriminada alza del impuesto predial a los derechos fundamentales de los capitalinos.
En representación del grupo parlamentario de morena, Ángeles Valencia sostuvo, asimismo, que las recomendaciones por violación a derechos humanos derivadas del abuso de poder deben tener carácter vinculatorio, propuesta oficializada desde 2010 por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que, a la fecha, no ha tenido repercusión alguna, sobre todo en materia de administración de justicia.
Sin embargo, subrayó la legisladora, las constancias de los expedientes de queja sí pueden tener efectos probatorios. E incluso las recomendaciones pueden poseer relevancia jurídica en otras instancias. La Comisión de Derechos Humanos, recalcó, puede obligar a las instancias correspondientes a proceder en el ejercicio de sus funciones si tienen noticia de la transgresión a los derechos humanos.
Ángeles Valencia afirmó que la Comisión local de Derechos Humanos registró 8 mil 196 expedientes de nuevas quejas, de las cuales 7 mil 930 fueron calificadas como presuntamente violatorias de derechos relacionados con seguridad pública, procuración de justicia, sistema penitenciario y administración de la pena.
Tales expedientes, explicó, se suman a los 8 mil 516 reportados por la Comisión en diciembre de 2015 como registros en trámite, por lo que de 16 mil 712 expedientes, la Comisión de Derechos sólo atendió 9 mil 903 y emitió únicamente 17 recomendaciones en 2016.
Tales cifras son evidencia palpable de los rezagos en casos por atender y en las recomendaciones sobre violación de derechos humanos en distintos ámbitos del Gobierno de la Ciudad de México, ocurridas desde que tomó posesión del cargo, le espetó Ángeles Valencia a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital.
En sentido similar, subrayó Ana Juana Ángeles Valencia, las reformas estructurales violan derechos humanos porque afectan el interés general en beneficio de intereses privados corporativos nacionales y extranjeros, que favorecen el oportunismo y la corrupción de las élites políticas.
Sanción a piratas inmobiliarios
En la sesión de preguntas, el diputado Paulo César Martínez López destacó la importancia de sancionar a los responsables de construcciones irregulares que generan un crecimiento urbano conflictivo y desordenado que afecta a terceras personas.
Al respecto, solicitó conocer los informes y el grado de avance del instrumento recomendatorio 12/2014, así como la totalidad de acciones realizadas para que las políticas públicas sobre desarrollo urbano tengan una visión de derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.
En tal sentido, advirtió sobre la creciente proliferación de construcciones privadas, así como la falta de actuación de las autoridades para regular y sancionar las irregularidades de dichas actividades.
Recordó que para morena es insoslayable que, en el marco de la ley, se respete el desarrollo del comercio informal a fin de encontrar un punto de equilibrio con los entornos vecinales y transeúntes que dé cabida al ejercicio pleno de los derechos de las personas dedicadas a esta actividad.
En morena estamos comprometidos con los derechos humanos y con la Comisión de Derechos Humanos local, afirmó Paulo César Martínez, al tiempo que advirtió que las recomendaciones son eficaces en la medida de su aceptación y cumplimiento por las autoridades responsables. Y lamentó que a pesar del supuesto respeto social a los derechos humanos, su eficacia se frena ante la negativa de muchas autoridades a reconocerlas y llevarlas a cabo.
