PREOCUPA A DIPUTADOS ACCIONES DE GAM EN MATERIA DE VERIFICACIONES, SEGURIDAD PÚBLICA Y SUBEJERCICIO
26 de Febrero de 2010
Boletín # 384
Los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa, cuestionaron las acciones y políticas del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, por el incremento en los índices delictivos, las verificaciones a establecimientos mercantiles, el subejercicio de 13 por ciento registrado en 2009 y la falta de indemnización a afectados por lluvias.
Al dar respuesta a los cuestionamientos del diputado Israel Betanzos en materia de verificaciones a establecimientos mercantiles, el jefe delegacional aseguró que la Gustavo A. Madero “no cuenta con ningún giro negro o giro de alto impacto”, de acuerdo al informe de verificaciones.
Afirmó que en 2009, la Gustavo A. Madero entregó 11 nuevas licencias, pero su administración -que inició en octubre de 2009- no ha otorgado ninguna por considerar que la revisión y entrega de éstas debe ser muy estricta. El padrón histórico de la delegación desde 1952 revela la existencia de mil 195 licencias, de las cuales quedan vigentes 198: ordinarias 31 (restaurantes) y especiales 167 (centros nocturnos y bares).
Demandó revisar a fondo las reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles para equilibrar las facultades del Instituto de Verificación con las de los jefes delegacionales, porque al disminuir las atribuciones las delegaciones pierden autonomía y va en sentido contrario con la aspiración de los capitalinos de constituir el Estado 32.
Los diputados Israel Betanzos (PRI) y Erasto Ensástiga (PRD) aseguraron que esa delegación registró un subejercicio de 13 por ciento en 2009, al señalar que luego de la reducción presupuestal en todas las delegaciones, la Gustavo A. Madero, de acuerdo al Informe de Avance Programático Presupuestal enero-diciembre, tuvo un desfase importante de más de 300 millones de pesos.
En este sentido, el jefe delegacional informó que para el ejercicio 2009 el presupuesto original tuvo una reducción de 130 millones de pesos al pasar de 2 mil 655 millones de pesos a 2 mil 525 millones. Sostuvo que el subejercicio registrado atribuible a la delegación representó 1.5 por ciento, el resto se debe a la centralización del gasto en la Secretaría de Finanzas que ordenó pagar la segunda parte del aguinaldo y vales de despensa en 2010, además de no ministrar recursos en tiempo y forma para el pago de proveedores.
Por ello, propuso que terminado el periodo del año, los recursos y adquisiciones centralizadas, se carguen a las áreas que los están ejerciendo, de lo contrario la delegación arrastrará ese subejercicio cuando ni siquiera lo conoce y únicamente sabe de éstos en los informes de avance programático presupuestales.
En materia de seguridad pública, el diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez (PAN), sostuvo que los últimos reportes de las autoridades correspondientes el índice delictivo tuvo un importante incremento y ubicó a la Gustavo A. Madero en la tercera posición de todo el Distrito Federal; en tanto, la diputada Lizbeth Rosas Montero (PRD) denunció falta de coordinación entre las Unidades de Protección Ciudadana (UPC) de Aragón y Lindavista, y la Policía Bancaria e Industrial en esas zonas que en nada ayuda en el combate a la delincuencia.
El jefe delegacional consideró que para avanzar en materia de seguridad pública no se deben restar facultades a las jefaturas delegacionales como lo plantea la iniciativa de seguridad pública enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Solicitó el apoyo de la Asamblea Legislativa para que los titulares de las demarcaciones puedan rendir cuentas en asuntos de seguridad pública.
Exigió “no más intromisiones del Congreso y Ejecutivo federales en el destino de la vida de la ciudad” y demandó un gobernador para el Distrito Federal con plenas facultades; una Constitución propia y un Congreso local con facultades expresas.
También el jefe delegacional dio respuesta a los cuestionamientos del diputado Carlo Fabián Pizano (PAN) en el sentido de que los damnificados de Residencial Acueducto por la inundación del Río Tlalnepantla sigan sin ser indemnizados.
A ello, el jefe delegacional respondió que la empresa contratada por el estado de México para la realización de obras de mitigación de riesgos en la zona limítrofe entre esa entidad y el DF no cuenta con un seguro de daños, por lo que en caso de que la empresa Construcciones Azteca no cumpla con su responsabilidad con las 940 familias afectadas se iniciará proceso penal, mientras el GDF procederá a cubrir los gastos de las familias afectadas.
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