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PREOCUPA INCUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA CDHDF



25 de Abril de 2014

Boletín # 121

Al revisar situaciones como la protección a víctimas, oposición a reformas en telecomunicaciones que coartan la libertad de expresión; respeto al derecho de presunción de inocencia; la autonomía y la no subordinación al gobierno local, preocupación por el incumplimiento de recomendaciones, entre otros asuntos, se desarrolló el informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Perla Gómez Gallardo, ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El diputado de Nueva Alianza, Jorge Gaviño Ambriz, planteó que existe preocupación por la regulación y conciliación de los derechos de los ciudadanos para expresarse libremente y transitar sin dificultades por la ciudad. Aseguró que se debe regular este asunto sin enfrentar a los involucrados, sin particularizar, de lo contrario se lesiona una parte importante del derecho ciudadano. Habló de las recomendaciones emitidas por la comisión, las cuales deben ser tomadas en cuenta y en caso contrario, los funcionarios deben especificar las razones por las que no se acatan. Pidió una explicación respecto a la detención arbitraria de manifestantes que realizaron servidores públicos recientemente.

En su oportunidad, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma Suárez, reconoció el esfuerzo de este organismo para la preservación de las micro cuencas, de los ecosistemas y el respeto de los espacios endémicos, necesarios para la recarga de los mantos acuíferos. Respecto a la reglamentación de las marchas y manifestaciones, sostuvo que sólo con una armonización en el ejercicio de todos los derechos se dará una mejor convivencia entre los capitalinos.

En su intervención, el diputado de Movimiento Ciudadano, Rosalío Alfredo Pineda Silva, planteó la importancia de que México haya contraído una serie de obligaciones en materia de derechos humanos, con la firma y ratificación de tratados e instrumentos internacionales, sin embargo, dijo, aún existen brechas entre el respeto y la protección de estos derechos humanos, por ello propuso realizar modificaciones y poder afrontar los desafíos para los próximos 20 años, porque en la entidad se requerirá realizar cambios al marco legal, a las políticas públicas, a la infraestructura social y urbana y a las asignaciones presupuestales.
El diputado del Partido del Trabajo, Rodolfo Ondarza Rovira, destacó la importancia de una opinión de la CDHDF en relación con la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones, porque dicha reforma contiene disposiciones contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución, como la discriminación a distintos tipos de comunicación Denunció la agresión de las autoridades hacia los manifestantes en fechas recientes, y preguntó sobre los resultados de una reunión que sostuvo este órgano autónomo con el relator especial de las Naciones Unidas.

En su oportunidad, el diputado priísta Jaime Alberto Ochoa Amorós Ochoa, manifestó su preocupación por uno de los derechos más vulnerados, el derecho a la vida, el debido proceso, el de presunción de inocencia y el incumplimiento a recomendaciones para contar con el derecho a una audiencia pública, con un tribunal independiente, imparcial y competente, a la integridad, libertad y seguridad de las personas, a un juicio con términos y plazos razonables, a la información sobre los cargos, entre otros. También hizo señalamientos a 52 quejas relacionadas a la salud materna debido a que se ha negando la atención médica a las madres, poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos.

Al formular sus preguntas, la diputada priísta María Alejandra Barrales Magdaleno, pidió conocer la metodología y los principales elementos relacionados con un informe sobre las personas en situación de calle: además pidió datos sobre los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad; solicitó un estudio serio relacionado con el comercio ambulante.

El diputado panista César Daniel González Madruga criticó que haya subordinación de la Comisión ante el gobierno capitalino, para lo que planteó impulsar su plena autonomía; también se manifestó en contra del silencio de la CDHDF ante actividades de la sociedad como el “#Pos me salto”, la agresión a ciudadanos en el parque Reforma Social o por la oposición a la instalación de parquímetros en Coyoacán.

La diputada perredista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Dinorah Pizano Osorio, planteó que los diversos avances de los derechos humanos en la ciudad deben consolidarse en esta ciudad. Expuso que no se debe poner en duda la autonomía de la CDHDF, porque ésta ha cumplido satisfactoriamente con la emisión de recomendaciones. Adelantó que los legisladores ya tiene preparada una reforma al artículo 65 de la Ley de Derechos Humanos para que funcionarios que incumplan con las recomendaciones sean llamados a la ALDF a explicar su conducta.

En sus preguntas, el diputado perredista Alberto Martínez Urincho, solicitó una opinión sobre la violencia de género y sobre los mecanismos que utilizará la Comisión para consolidar los derechos de las mujeres en la Ciudad de México, luego de señalar que en otros estados de la República no se ha declarado la alerta de género.

En su informe, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez expresó que a lo largo de 2013 este organismo proporcionó poco más de 36 mil servicios, de los cuales el 55.5 por ciento corresponden a acciones de orientación y prevención. Los servicios de protección y defensa, el núcleo central del mandato de la Comisión, representaron el 43.3 por ciento del total de los servicios brindados.

En el rubro de recomendaciones, este organismo emitió 19, de las cuales cinco han sido integralmente aceptadas, 12 parcialmente y dos no aceptadas. En referencia a las recomendaciones parcialmente aceptadas, dijo que es un hecho preocupante porque el respeto a los derechos humanos sólo podrá alcanzarse a través de su plena aceptación y cabal cumplimiento. En cuanto a recomendaciones no aceptadas, dijo que preocupa a este organismo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no haya aceptado la recomendación 2/2013 referente a un caso de tortura y otras violaciones a los derechos humanos.

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