PRESENTA INICIATIVA PARA GARANTIZAR LIBRE MANIFESTACIÓN
18 de Diciembre de 2012
El diputado Rodolfo Ondarza Rovira, del Partido del Trabajo, presentó la Iniciativa para derogar el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, a fin de atender el reclamo ciudadano, que exige no se criminalice su derecho a la libre manifestación y se ponga en libertad a los 14 detenidos en los disturbios del pasado 1 de diciembre.
En conferencia de prensa el diputado Ondarza señaló que el gobierno no puede ser instrumento para inhibir el derecho a la libre manifestación y a la protesta social, por ello, en el proceso de detención derivado de los hechos del 1° de diciembre por la protesta social contra la asunción ilegítima de Enrique Peña Nieto contiene aún muchas lagunas y abusos jurídicos.
Señaló que si bien es cierto que desde el pasado 10 de diciembre, se ordenó la liberación de 56 de los supuestamente implicados por falta de pruebas, ello mismo, habla de las profundas irregularidades incurridas durante su aprehensión y de que quienes realmente deben ser procesados por abuso de autoridad son los que ordenaron y ejecutaron el operativo policial.
El diputado petista enfatizó que, como sostiene Amnistía Internacional, “debe existir una investigación exhaustiva e imparcial de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias. Para que los responsables de estos abusos rindan cuentas ante la justicia. Pues no se puede defender la ley, violándola”.
Sobre los aún detenidos señaló que varios de ellos, al igual que en los casos anteriores hay múltiples testimonios del proceso arbitrario de cómo se ejecutó su detención, por lo que exigió que se les otorgue el mismo trato que a los casos anteriores y si no se tienen pruebas suficientes para su detención se ordene su liberación inmediata.
El diputado Ondarza enfatizó que la paz pública es la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, bajo la soberanía del Estado y del derecho, evocando a la noción de paz pública como un bien jurídico superior, tutelado por el Estado.
Respecto a la Iniciativa que presentará, recordó que el citado artículo 362 dice: “Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación".
Al respecto manifestó que es una acusación desmedida para quienes tuviesen un nivel de responsabilidad en los disturbios. Por lo mismo, el proceso para los actuales detenidos puede tornarse más complicado si se parte de que conforme indican las evidencias, más que un proceso jurídico, lo que se pretende castigar la osadía de retar al poder presidencial, a la autoridad.
Por ello, se transmite un mensaje a la sociedad de que en adelante, toda protesta social, e incluso mostrar la más mínima simpatía o solidaridad con quienes la encabezan; más todavía, estar cerca del lugar de los acontecimientos, puede derivar en un castigo ejemplar por el atrevimiento.
Ondarza Rovira, recalcó que por tal motivo, decidió presentar una iniciativa para que se derogue esta figura penal, que no debe existir en la Ciudad de México, porque es incompatible con una ciudad democrática, la cual ha hecho esfuerzos sustanciales por colocar en un primer sitio la defensa de los derechos humanos.
Finalmente, señaló que sin duda, el gobierno debe preservar la paz y estar atento a nuevas provocaciones, pero en ningún sentido, criminalizar la lucha social. “en la Ciudad de la Esperanza, Ciudad de Vanguardia y de salvaguarda de los derechos humanos, se cuenta o podemos establecer las normas y leyes que den vigencia a las obligaciones del estado: salvaguardar el orden y la paz social, sin engaños, violencia, mentiras o excesos. El imperio de la ley no se debe extinguir. El constitucional derecho a la libre manifestación de ideas debe dejar de ser solo una hipótesis.
La propuesta de derogar el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal nos dará elementos para evitar el espurio nacimiento de aspiraciones intolerantes y conductas antidemocráticas”.
