PRESENTA INICIATIVA PARA REGULARIZAR AMBULANTAJE
10 de Octubre de 2013
Con el fin de darle certeza jurídica a los más de un millón de comerciantes populares que según datos de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (CANACOPE), hay en la Ciudad de México, el diputado Agustín Torres Pérez presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la iniciativa con proyecto de decreto de Ley la cual busca Regular los Bienes de uso Común del Distrito Federal en busca de evitar con ello los atropellos a los que son frecuentemente sometidos los comerciantes populares por diversas autoridades, así como dar las garantías que la población demanda en torno a la ocupación de calles y avenidas de esta capital.
Al respecto, el presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal de la ALDF, explicó: “Las actividades que se regularán en este proyecto de ley no solamente se refiere al comercio que se realiza en las banquetas, sino también se contemplan la prestación de servicios; instalación de enseres; ejercicio comercial; ocupación temporal por la ejecución de obras e instalación de servicios; actividades culturales, deportivas y recreativas y espectáculos públicos”.
Sin duda, estableció Torres Pérez, el comercio popular es el que más impacta en la sociedad por estar muchas veces en el paso de la gente obstaculizando las zonas peatonales y en ocasiones hasta las vialidades, es por ello que una queja constante por parte de la población es ordenar a este sector que se ha incrementado en el país severamente a tal grado que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo citada por la Universidad Obrera de México, en nuestro país 25.5 millones de personas se desempeñan en este sector.
Además, el legislador perredista refirió: “En México, la economía informal se ha relacionado con el crecimiento real de la economía y se han expuesto al menos dos orígenes del fenómeno: por un lado, lo oneroso que resulta realizar trámites en dependencias gubernamentales y la escasa utilidad que la formalidad les reporta a los empresarios, lo cual desincentiva el deseo de tener un negocio que cumpla con todas las regulaciones, incluyendo las laborales.
Por otra parte en periodos de crisis económica, el fenómeno tiende a incrementarse ya que las personas se ven obligadas a emplearse en actividades fuera del sector formal para conseguir el sustento diario. De este modo, la economía informal puede ser vista como una válvula de escape de las personas sin empleo”.
Por otro lado, la práctica de este tipo de comercio cerca de una finca hace que el valor de los bienes inmuebles se vea afectado. Asimismo, dijo, “todos aquellos que forman parte del comercio informal evitan el pago de impuestos y con ello evaden su obligación de contribuir al gasto público como lo señala la carta magna de nuestros país”.
Por lo que consideró “la necesidad de modificaciones y ajustes al actual sistema de recaudación y distribución para generar los beneficios macroeconómicos y sociales que conlleva una reforma fiscal integral”.
Por último, insistió que “esta necesidad jurídica de reglamentar al comercio informal se da debido a que este sector debe contribuir de manera significativa al desarrollo económico de esta capital mediante la aplicación de normas legales que permitan regular las relaciones, derechos y obligaciones de los sujetos que intervienen en dicha actividad así como del propio Gobierno del Distrito Federal”.
