Presenta Israel Betanzos iniciativa para crear la ley que regula el ejercicio del comercio popular en la Ciudad de México
13 de Octubre de 2016
· Afirma Israel Betanzos que el propósito es otorgar certeza jurídica a los comerciantes populares
Los comerciantes en vía pública carecen de un marco normativo que regule sus actividades y les genere derechos y obligaciones, por lo que es tiempo de sustituir criterios personales que se aplican a esta honorable actividad por una Ley emanada de la Asamblea Legislativa de la capital, aseguró el diputado Israel Betanzos Cortes.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que en el periodo de definiciones que vive la ciudad, es fundamental el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos de quienes ejercen el comercio popular en vía pública.
Al presentar una iniciativa para la creación de la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio Popular en la Vía Pública en la Ciudad de México, expuso que el 16 por ciento de la población económicamente activa en la ciudad, se dedica a esta actividad.
Argumentó que la iniciativa tiene el propósito de otorgar certeza jurídica a los comerciantes populares; respetar la libertad de asociación y de representatividad; eficientar los programas de regularización y reordenamiento en vía pública, y otorgar derechos sociales a las personas que ejercen el comercio en vía pública.
Puntualizó que las normas que integran la ley tienen una característica social: el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y consecuentemente establece también el respeto y acatamiento a las disposiciones constitucionales para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones.
Asimismo se establecen los derechos y obligaciones de los comerciantes, es decir el derecho a ser incorporados a los programas de seguridad social, en tanto que los involucrados están obligados a mantener limpias sus zonas de trabajo, a pagar el servicio de energía eléctrica, a pagar sus contribuciones y derechos por el uso de la vía pública.
