Presentan en la ALDF propuesta de reforma al Código Penal de la CDMX
19 de Octubre de 2017
Boletín # 061
- Se pretende fortalecer el derecho de los integrantes de la familia a una vida libre de violencia
- Contempla sanciones a quien ejerza violencia en contra de adultos mayores, de niñas, niños y personas con discapacidad
Con el objetivo de actualizar el marco normativo en los delitos que protegen el derecho de los integrantes de la familia a una vida libre de violencia, la diputada Penélope Campos González, del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa de modificación a los artículos 200, 200 bis, 201 y 201 bis del Código Penal de la Ciudad de México.
En su presentación detalló que actualmente el delito de violencia familiar se persigue por querella, salvo se actualicen las hipótesis que contempla la ley para su persecución por oficio, lo cual impide el actuar de la Procuraduría, lo que deja en algunos casos a los adultos mayores en un riesgo a su integridad.
La propuesta establece que al tratarse de adultos mayores, el delito de violencia familiar sea de persecución oficiosa, a fin de que se permita a la procuraduría actuar en todos los casos de violencia familiar de este grupo vulnerable para garantizar su seguridad y acordar las medidas de protección.
También se pretende equiparar a la violencia familiar y sancionar al que realice cualquier tipo de violencia física o psicoemocional en contra de niñas, niños y personas con discapacidad que estén sujetos a su custodia, guardia, protección, educación, instrucción o cuidado o quien tenga una relación de hecho, es decir, agregar a las niñas, niños y adolescentes, eliminando la temporalidad de 2 años que estaba prevista en el artículo 201 Bis del Código Penal.
Campos González consideró que a efecto de adecuarse a la modernización del nuevo Sistema Penal Acusatorio en esta Ciudad de México, se hace necesario dar paso a nuevas formas de organización y operación para la protección del bien jurídico que tutela el delito de la violencia familiar
La propuesta se turnó a la comisión de administración y procuración de justicia.
