PRESENTAN INICIATIVA CONTRA TORTURA Y TRATOS CRUELES
05 de Abril de 2011
Como un resultado más del ejercicio de consulta y diálogo desarrollado por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF con diversas organizaciones de la Sociedad Civil, la CDHDF, el Gobierno del DF, instituciones académicas, así como el Gobierno y Tribunal Superior del Distrito Federal, el día de hoy se someterá a la consideración de la Asamblea una iniciativa para reformar el capítulo III del Código Penal para el Distrito Federal respecto de las definiciones y alcances del delito de tortura.
En conferencia de prensa con Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Sebastián Ramírez de ELIGE, Guadalupe López Acosta de la CDHDF y Juan José García Ochoa, Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Razú señaló que la eliminación de toda forma de tortura o tratos crueles e inhumanos es condición necesaria en la construcción de un sistema judicial y de seguridad eficiente, eficaz y respetuoso de los derechos humanos. “La iniciativa, -abundó-, es resultado del trabajo en conjunto con todas las instancias involucradas, en particular las organizaciones de la Sociedad Civil, entre las que estuvieron, además de las presentes, Amnistía Internacional México, la Comisión Mexicana e Protección y Defensa de Derechos Humanos, ESPOLEA, y Propuesta Cívica, entre otras.
De acuerdo con la CDHDF, de 2005 a la fecha se han presentado casi 500 quejas por tortura, sin embargo, el dato podría ser mayor con base en las nuevas definiciones que se busca aprobar. Sin embargo, es difícil conocer el dato real, pues las definiciones actuales no permiten la adecuada tipificación del delito. En ese sentido, la iniciativa busca adecuar definiciones y tratamiento del delito de tortura a los instrumentos internacionales en la materia, de manera especial a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el Protocolo de Estambul.
Con base en una mejor tipificación, señaló Razú, la Ley dará mayores herramientas para identificar, sancionar y con ello avanzar en la erradicación de este grave delito, lo cual contribuirá en la construcción de un sistema judicial y de seguridad, más eficaz, más eficiente y más justo.
