PRESENTAN INICIATIVA PARA GARANTIZAR EQUIDAD EN COMICIOS ELECTORALES
17 de Marzo de 2014
Con el objeto de regular y sancionar la difusión ilegal de imagen que otorgue una posición de ventaja indebida dentro de una contienda electoral, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones en tres normas relacionadas con los procesos electorales de la ciudad de México.
Se trata del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Publicidad Exterior, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, todas del Distrito Federal en materia de regulación de propaganda de servidores públicos.
La iniciativa plantea que, desde hace algunos años, diversas entidades federativas han realizado importantes esfuerzos para regular en sus respectivas legislaciones los actos anticipados de campaña, y que –aún cuando no son homogéneas-, tienen el mismo propósito: garantizar la seguridad jurídica y la equidad en los procesos electorales frente a aquellos actos ilegales de ciudadanos, precandidatos, candidatos y partidos políticos que pudieran afectar en un futuro el resultado de las elecciones.
Los actos anticipados tienen lugar en la etapa preparatoria de la elección, antes y durante las precampañas hasta el inicio de las campañas, etapa en donde se inicia la difusión de la imagen.
En su mayoría, se trata de servidores públicos, alcaldes, delegados, gobernadores, diputados; pero también se han difundido imágenes de ciudadanos sin cargo, que más tarde dan a conocer su aspiración política.
El diputado Robles explica que, en su artículo 7, el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral define los actos anticipados de campaña como aquellas actividades de proselitismo y actos anticipados, que generalmente son realizados por ciudadanos o militantes que pretenden participar en alguna contienda interna de selección de una institución política, con la finalidad de ganar prematuramente, buscando un posicionamiento social que les permita postularse como candidatos a un cargo de elección popular, antes de los plazos permitidos por la ley electoral.
“La difusión de esta propaganda resta equidad a las elecciones e implica un gasto de recursos de procedencia desconocida, que no pasa por la Contraloría ni es registrada como parte del presupuesto de campaña, por lo que pervierte la rendición de cuentas”.
Agregó que recientemente han proliferado los anuncios espectaculares y portadas de revistas en donde aparecen de “ciudadanos”, incluyendo algunos jefes delegacionales, diputados, gobernadores incluso de otros estados, promoviéndose con alguna acción comunitaria de forma espontánea, sin aparente proceso de elección en puerta.
Sin embargo, su propósito es muy claro, darse a conocer, difundir su imagen, medir su capacidad de convocatoria y el impacto que tiene su discurso ante la gente, para después promoverse con algún partido y buscar una candidatura, por ello consideró, son actos anticipados de campaña que requieren ser cuantificados para que haya equidad en la contienda.
“Estos actos violatorios a las normas de nuestro orden jurídico se han ido incrementando, transgrediendo los principios rectores que rigen los procesos electorales y dejando en desventaja a los demás candidatos que hubiesen respetado la Ley”.
Alejandro Robles apuntó que el bien jurídicamente titulado por las normas que prohíben los actos anticipados es el principio de equidad en la contienda electoral, es decir, se busca que los cargos de elección popular sean ganados en condiciones de igualdad.
“Ahora bien, si se observan los mensajes de esa propaganda, no se hace mención de su gestión como servidores públicos ni de sus acciones o rendición de cuentas, situación que presupone, una política encubierta, pues se deslindan con el argumento de que estos anuncios no están prohibidos”.
El legislador agregó que el problema es complejo, pues no solamente se propicia un desequilibrio en la contienda, sino también una gran cantidad de dinero queda sin fiscalizar en los gastos de campañas.
Otro fenómeno es que la propaganda incluso ha salido de los territorios de donde es originario el personaje político, fuera de sus estados o delegaciones, que han propiciado una gran cantidad de quejas ante el Instituto Electoral.
“Estos actos deben ser analizados, determinados y, en su caso, sancionados por la autoridad administrativa electoral. El problema es que actualmente no contamos con un marco jurídico para ello, y este es el objetivo de la iniciativa que propongo, afrontar y dar un respaldo legal a este problema”.
El diputado Robles concluyó que se trata de resolver y crear medidas para la forma en que los jefes delegacionales, diputados y funcionarios públicos puedan realizar propaganda que cumpla con la normatividad, sin incurrir en actos anticipados de campaña.
