PRESENTÓ CÓDIGO DE ÉTICA DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DF
26 de Noviembre de 2013
El diputado local Alejandro Piña Medina presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el Código de Ética de los Servidores Públicos para el Distrito Federal, a través del cual se busca promover una cultura de transparencia, honestidad, objetividad y compromiso con la sociedad y las instituciones; así como establecer criterios y valores éticos, para mejorar los estándares de desempeño profesional.
Este catálogo de valores y principios aplicables a todos los servidores que participan o coadyuvan en la función del ejercicio público, no sólo consiste en el simple establecimiento de una lista de reglas a observar o en la definición de situaciones a alcanzar, sino que aspira constituir un proceso de gestión permanente, que sostenga la tarea de gobierno, así como su funcionamiento y evolución.
De acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCGB), que publica la Organización No Gubernamental Transparencia Mexicana, en 2010 se registraron 210 millones actos de corrupción en el uso de servicios públicos; en tanto que, en el 2007, se presentaron 197 millones de casos.
La necesidad de combatir este flagelo, que afecta a nivel internacional, ha traído consigo la tarea de definir, de forma explícita, el comportamiento de los funcionarios. Por lo cual, en sitios como Finlandia, los Países Bajos, Noruega, el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Portugal, se han renovado códigos de conducta en los últimos cinco años.
En México, actualmente, los servidores públicos son objeto de mayor control y exigencia, por parte de la ciudadanía. Por lo cual, es necesario ofrecerles un marco básico de principios éticos, que se sumen a su actuar, se incluyan como parte de su vida cotidiana y abonen a la consolidación de una atención con calidad y calidez, bajo esquemas de respeto, responsabilidad, solidaridad; empatía y sencillez.
Al respecto, cabe resaltar que, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 49 y octavo transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la administración pública federal emitió, el 25 de julio del año 2002, el Código de Ética de los Servidores Públicos. Éste contiene reglas generales de conducta, sustentadas en los principios rectores del servicio público, que orientarán las acciones individuales en el ejercicio de funciones, para atender las demandas de la ciudadanía, a través de la dirección y coordinación de las instituciones de gobierno.
No obstante, resulta fundamental incluir estos principios en leyes complementarias a las federales, a fin de especificar su aplicación y hacerlos de conocimiento para todos los niveles de gobierno.
En este sentido, afirmó Piña Medina, la propuesta del Código de Ética de los Servidores Públicos para el Distrito Federal se presenta en correspondencia con el Eje 5 “Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Programa General de Desarrollo 2013-2018”, trazado por la actual administración del Gobierno del Distrito Federal; mismo que subraya a la transparencia y la rendición de cuentas como principios centrales de gestión y desempeño, para las dependencias gubernamentales y el servicio público.
Así, la propuesta establece, entre otras cuestiones, que “el ingreso y la permanencia de los servidores públicos, debe implicar el conocimiento de este Código de valores y principios, así como el compromiso de apegarse a normas de comportamiento idóneas, que tiendan a fomentar una cultura de respeto y profesionalismo del servidor público, en todos los ámbitos de la vida social y cultural”.
Del mismo modo, señala que los funcionarios deberán abstenerse de solicitar o recibir beneficios de cualquier naturaleza, que fomenten o contribuyan al menoscabo de la administración pública. Al mismo tiempo que todas sus decisiones y acciones estarán dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares, ajenos al bienestar de la colectividad. Por ello, deberán actuar con honestidad, a fin de fomentar la credibilidad de la población en las instituciones públicas.
Además, estipula que el servidor no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros. De esta forma, actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona alguna, en apego a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeña.
En este orden de ideas, el servidor público también tendrá la obligación de permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, desempeñar una labor eficiente y eficaz; así como asegurar un ejercicio responsable y claro de los recursos públicos, y evitar afectaciones al patrimonio cultural y al ecosistema.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Administración Púbica Local, Alejandro Piña, afirmó que este Código promueve un servicio público sensible, solidario, respetuoso y tolerante, que permita responder a las necesidades de la sociedad, de manera eficiente y eficaz.
