Presentó Dunia Ludlow iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
19 de Abril de 2016
· La iniciativa pretende instrumentar mecanismos para transparentar el trabajo de la Asamblea Legislativa, de los Órganos Políticos Administrativos y de los programas sociales en la CDMX
· La modificación a la Ley intenta generar gobiernos eficaces y garantizar el Estado de Derecho.
La corrupción es el peor flagelo de la sociedad y a los mexicanos nos cuesta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, lo que la convierte en un lastre para el desarrollo y bienestar del país, sostuvo la Diputada Local, Dunia Ludlow Deloya.
Al presentar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI en la ALDF, una iniciativa para reformar a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la legisladora señaló que la corrupción provoca que las transacciones y los contratos sean mucho más caros. Le resta competitividad a la economía, ahuyenta la inversión y nos estimula a pensar negativamente que no podemos combatirla.
La propuesta tiene el propósito de instrumentar mecanismos para transparentar el trabajo de la Asamblea Legislativa, de los Órganos Políticos Administrativos que sustituirán a las delegaciones políticas y de los programas sociales que operan en la Ciudad de México.
La diputada precisó que entre las obligaciones de la Asamblea Legislativa destacan presentar y hacer pública las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los legisladores; elaborar, con carácter de obligatorio, un informe presupuestal sobre el destino de los recursos ejercidos por los órganos de gobierno y trabajo legislativo, y hacer públicas las actas y los acuerdos de la Comisión Gobierno y de los grupos parlamentarios.
En cuanto a los deberes de los Órganos Políticos Administrativos, la legisladora mencionó que la propuesta se basa en el principio de máxima publicidad en las licitaciones y asignación de contratos, certificaciones de uso de suelo y expedición de licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones, así como las manifestaciones de impacto ambiental, que en relación a construcciones y establecimientos soliciten los particulares.
Aseguró que los órganos que sustituirán a las delegaciones deberán ser nítidos respecto al presupuesto y aplicación de programas de apoyo a la mujer, vivienda, seguridad pública, de obras para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado, entre otros.
Respecto a los programas sociales, la legisladora enfatizó que ha sido una demanda del PRI y de la sociedad transparentarlos y hacerlos eficientes, y se han pronunciado en contra del uso clientelar y proselitista que han tenido en la Ciudad de México.
"Por ello propondremos transparentar el presupuesto y los criterios de ejecución de los programas sociales, especificando anualmente las estrategias para alcanzar sus objetivos; que los capitalinos puedan consultar qué se recibe, cuánto y cuál es el destino de los recursos recibidos".
Refirió que, en este contexto, la reforma constitucional del año 2014 estableció que toda la información en posesión de cualquier autoridad, fideicomisos, partidos políticos, sindicatos y personas físicas que ejerzan recursos del erario, debe ser pública.
