PRETENDEN INCLUIR A GRUPOS VULNERABLES EN LEY DE DEFENSORÍA DE OFICIO
13 de Noviembre de 2014
Ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado del PRD, Alberto Martínez Urincho, presentó una iniciativa por el que se adiciona un artículo 9 BIS y se adiciona un último párrafo al artículo 10 de la Ley de Defensoría de Oficio del Distrito Federal para determinar el servicio preferente a los grupos vulnerables en la defensoría de oficio.
Específicamente este servicio se brindaría de manera gratuita, a personas que estén desempleadas o los trabajadores eventuales o subempleados, adultos mayores, personas que perciben un ingreso inferior a la canasta básica, personas en condiciones de marginalidad, carencia o rezago social, indígenas, población callejera, madres solteras que no vivan en concubinato, personas con discapacidad, migrantes, entre otros.
“Se debe facilitar a estos sectores sociales en situación de desventaja y desigualdad, el acceso a instancias judiciales de protección, y a información adecuada sobre los derechos que poseen y los recursos judiciales disponibles para su tutela” argumentó.
Argumentó que el derecho humano sobre el acceso a la justicia o tutela judicial efectiva debe ser una prioridad además de preservarse y garantizarse no sólo en las leyes, sino también en las políticas públicas, por tanto se propone que en casos de urgencia o que la autoridad cometa actos indebidos al respecto, la Defensoría deberá prestar sus servicios sólo mediante una solicitud verbal y sin esperar resultados del estudio socioeconómico de las personas, y una vez terminado el proceso, deberá iniciar dicho estudio en los términos que establece la ley.
“El derecho de defensa se entiende como la alternativa de los ciudadanos para elegir a quién los defenderá en determinado proceso, regulado éste en los diversos ordenamientos jurídicos, tratados, convenios internacionales, códigos procesales y reglamentaciones políticas de los distintos Estados de la República” explicó.
El perredista precisó que en el artículo 17 de la Constitución se específica que la defensa pública está a cargo del Estado, por tanto, es responsabilidad del mismo brindar un servicio eficaz a través de la capacitación y supervisión constante de los defensores de públicos.
Asimismo, dijo que de acuerdo a la Comisión Interamericana se ha determinado que la asistencia legal debe ser gratuita en estos casos: la disponibilidad de recursos por parte de la persona afectada, la complejidad de las cuestiones involucradas en el caso y la importancia de los derechos afectados.
Corresponde entonces a los gobiernos, continuó, Martínez Urincho, establecer medios y garantías institucionales para que quien no tenga los recursos suficientes para enfrentar un proceso jurisdiccional, tenga acceso a la justicia, empezando con un profesional del derecho que lo represente.
Puntualizó que la negación del servicio a los sujetos descritos en las fracciones anteriores será causa grave de responsabilidad administrativa, la cual será sancionada en los términos que prevean las leyes en la materia.
