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PREVÉN TSCA Y JLCA PROBLEMAS DE OPERATIVIDAD SI NO LES MODIFICAN TECHO PRESUPUESTAL 2012 ADJUDICADO POR FINANZAS



28 de Noviembre de 2011

Boletín # 857

 Concluye en ALDF reuniones con titulares de las 16 jefaturas delegacionales y los nueve órganos autónomos para construir el Presupuesto de 2012

Al concluir el análisis del presupuesto 2012 en comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda con los titulares del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, éstos previeron problemas de operatividad si la Asamblea Legislativa no les eleva el Techo Presupuestal adjudicado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

El presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, José Luis Armida Reyes, solicitó un presupuesto superior a los 327 millones, al que calificó de justo, ya que se aplica una política de austeridad. Aclaró que el techo presupuestal otorgado por la Secretaría de Finanzas es el mismo de 2011, poco más de 286 millones de pesos.

Hizo un balance del trabajo realizado en 2011 en depuración y modernización de archivos, reestructuración de la sala general en materia de derechos humanos y actividades académicas por el 40 aniversario del tribunal, entre otras actividades. Pidió apoyo para crear un Fondo de Retiro de los magistrados e igualar los salarios de los actuarios con los del Tribunal Superior de Justicia y aclaró que por falta de presupuesto carecen de una Contraloría Interna.

En la ronda de preguntas y respuestas, el diputado Alberto Couttolenc reconoció las necesidades presupuestales del tribunal. Pidió detallar las áreas prioritarias a crear y qué resultados prevén que obtendrán. Le pidió explicar lo que percibió como un atraso en la depuración de archivos de 2004 al 2011 y adelantó que por el presupuesto asignado quizás no se pueda atender igualar los salarios solicitados.

En tanto, el diputado Fidel Suárez Vivanco, coincidió en la buena labor del tribunal y preguntó cuánto ha recaudado este año; si se han planteado una acción conjunta para recaudar los pagos de los contribuyentes; cómo han resuelto el déficit presupuestal y qué acciones prevé si no se incrementa su presupuesto en 2011.

Por su parte, la diputada Valentina Batres Guadarrama preguntó a quién se destinaría el Fondo de Retiro que propone y el monto que se destinaría. Además, pidió le informara sobre los 16 millones de pesos que se entregaron al tribunal en 2006 para la compra de dos edificios.

Al responder, el servidor público dijo que el Fondo de Retiro que pretenden formalizar, porque no tienen nada, sería para magistrados con más de 15 años de ejercicio y a la fecha 14 de los 22 cubren este perfil.

Agregó que no se avanzó en la compra de los inmuebles y el dinero se regresó a la Secretaría de Finanzas, aunque pagan de renta 2 millones de pesos mensuales.

Rechazó que haya un atraso en la depuración de archivos y adelantó que ya están listos los de 2004 a 2006, pero no los han destruido porque les han llegado solicitudes de expedientes anteriores que ya no existen. Previó mejoras sobre todo en el área de informática, que actualmente es muy vulnerable.

Por su parte, el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ramón Montaño Cuadra, señaló que aunque no les redujeron presupuesto, si se aprueba la misma cifra de 2011, 308 millones de pesos, no podrán soportar la carga de trabajo.

Expresó que le falta por ejercer lo destinado a impuestos, pago a terceros, salarios, vales de fin de año y dar inicio a estudios de mecánica de suelos para adjudicar un contrato para la compra de acero y garantizar que el edificio otorgado en comodato por el gobierno federal sea de una estructura rígida.

Planteó que en su presupuesto solicitaron 357 millones de pesos, que comparado con el presupuesto modificado, hay una reducción real del 0.5 por ciento del presupuesto ejercido. Señaló que existe el compromiso con diversas instituciones de invertir en el edificio anexo que antes albergaba la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y admitió que necesita recursos para afrontar los conflictos laborales, despidos, que se multiplican por las demandas individuales hasta en 93 por ciento, debido a la deficiencia presupuestal en los ámbitos público y privado.

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, José Alberto Couttolenc Güemez, pidió ampliar la información sobre su déficit presupuestal. Señaló que las empresas enfrentarán la conciliación con la fuerza laboral, fenómeno mundial, por lo que hizo un llamado a los diputados a reforzar el presupuesto de este organismo.

Por su parte, la diputada priísta Alicia Virginia Téllez Sánchez expuso su preocupación por la situación presupuestaria y pidió conocer en qué porcentaje se gastarán los 122 millones que aún tienen; a qué destinará los 48 millones que solicita; cuánto se tiene destinado para adquirir más equipo de cómputo y su relación de incorporar nuevas tecnologías como el código de barra para los expedientes y qué es más urgente: desinfectar expedientes y resolver los rezagados o destinar recursos para habilitar el edificio.

El diputado perredista Víctor Hugo Romo Guerra señaló que evidentemente la crisis incrementa el número de expedientes, por lo que existe un foco rojo en su acumulación. También expresó su preocupación de que personas ajenas hagan de las suyas y que golpeadores intimiden y hasta se “coman las hojas” para complicar los conflictos.

El también legislador del PRD, Horacio Martínez Meza preguntó con qué presupuesto podría realizar su trabajo la JLCA y en qué se utilizaría; si en una Junta Especial y qué beneficiaría, cuánto personal ingresaría y en cuánto reduciría los juicios. Cuánto recursos se necesitaría para que opere al 100 por ciento el edificio que otorgó el gobierno federal y si se podría perder éste de no entregarse los recursos.

Su compañero de bancada, diputado Fernando Cuéllar Reyes, reconoció el cambio de imagen de la Junta y el trabajo generado; lamentó que las ampliaciones de presupuesto se sigan dando, por lo que solicitó saber si con la ampliación líquida que otorgó la Secretaría de Finanzas se podrá cumplir con el capítulo 1000.

En su respuesta, Montaño Cuadra dijo que la compra del acero para el nuevo edificio implica 8 millones de pesos y para su instalación se requieren otro 12 millones. Dijo que necesita recursos para recuperar 46 plazas, pero también necesita comprar el sistema de armonización contable. Aseveró que ya tiene adjudicado el trabajo en el nuevo edificio pero se necesita avanzar en el drenaje para evitar problemas con los expedientes.

Expresó que ya se tienen copias certificadas de los expedientes, porque se avanzó en la digitalización de archivos. La Junta tiene por consigna presidir todos los recuentos que realiza esta institución, para evitar en lo posible los conflictos. Expresó que los 48 millones de pesos son necesarios para el pago de impuestos y el pago de salarios, material de suministros, servicios de vigilancia, limpieza, archivos y servicios personales. Admitió que el gobierno federal le solicita terminar el edificio para garantizar su utilización.

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