PROMUEVE DESAPARICIÓN DE CONSEJEROS CIUDADANOS E INVEA
12 de Diciembre de 2011
“La ciudad no tiene por qué pagar más de 300 mil pesos mensuales en Consejeros Ciudadanos del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA) que no tienen responsabilidad alguna más que de sesionar cuatro veces al año”, ventiló el diputado Guillermo Huerta Ling (PAN) al reconocer que este organismo nació muerto.
Por ello, el también presidente de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, planteó reformar la Ley del organismo descentralizado de la Administración Pública, con el fin de modificar el marco legal.
Huerta Ling reiteró que no existe fundamento para la presencia de Consejeros Ciudadanos y mucho menos para que exista un Consejero Presidente, los cuales perciben un salario igual al que recibe un subsecretario de despacho de la Administración Pública Local en el caso del presidente y el resto una remuneración equivalente a un director de área.
También propuso eliminar la figura del organismo gubernamental, cambiando la denominación del mismo por junta de gobierno, toda vez que sus actividades son violatorias a las disposiciones de la jefatura capitalina, al encomendarle a un ciudadano ajeno a la estructura burocrática, el destino de un órgano de carácter administrativo.
Explicó que el INVEA no ha sido capaz de cumplir con el objeto para el que fue creado porque de origen era imposible que lo hiciera. “No existe dependencia o entidad en esta u otra ciudad capaz de verificar el funcionamiento de todo lo que pasa y deja de pasar en los más de 400 mil establecimientos mercantiles”.
Tampoco se cuenta con la plantilla laboral suficiente ni la capacidad para visitar 2.2. millones de construcciones, revisar miles de vehículos de transporte público, áreas de preservación del medio ambiente, panteones y todas las actividades impuestas para el INVEA. Por eso, subrayó, deben diferenciarse las actividades del gobierno central y los gobiernos delegacionales.
En este sentido, la propuesta del legislador establece cuatro candados legales para dar certidumbre del trabajo de inspección: el primero, pretende que el organismo descentralizado cuente con una facultad de verificación extraordinaria que sólo podría aplicarse si existiera inconformidad a la resolución de la revisión hecha por la delegación política.
El segundo, establece una verificación extraordinaria en caso de que por alguna circunstancia la demarcación no presente la verificación administrativa ordinaria en un lapso de 15 días naturales después de haber registrado la solicitud de la misma.
Además pone énfasis en certificar y evaluar de manera permanente al verificador y se solicita el cese inmediato para los inspectores que conozcan en tres ocasiones distintas las resoluciones originales expedidas por la delegación, revertidas por el instituto.
El diputado enfatizó que con esta iniciativa de proyecto se reordena la estructura administrativa, y al acotar sus facultades para no invadir la competencia de las delegaciones, se realiza un replanteamiento del órgano de gobierno en el que los funcionarios públicos y no los ciudadanos actúen con base en la ley, ya que éste sólo debe vigilar, tener voz pero no voto para hacer del Instituto una instancia revisora de los procedimientos y de la permanente capacitación de los verificadores.
