PROPONE CÁRCEL PARA QUIEN ULTRAJE A UNA AUTORIDAD
12 de Septiembre de 2011
El diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de la ALDF, presentó una iniciativa de reformas al artículo 287 del Código Penal, con el fin de imponer una pena que va de los tres a los cinco años de prisión, y una multa de 100 a 500 días de salario mínimo para quien ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Expresó que el artículo vigente señala una pena de 90 a 180 días de semilibertad, “esto es, la conducta se sanciona con una pena alternativa, no privativa de libertad, por lo que quienes sean procesados por este delito, lo harán en libertad”, además de que no se impone ninguna sanción económica.
Julio César Moreno destacó que en todo el país, pero en específico en el Distrito Federal, ante la pérdida de valores como el respeto a la autoridad, tal como quedó demostrado en el video que ha circulado por Internet y que se ha difundido en todos los programas de televisión, “en el que se ve a dos mujeres insultando y agrediendo a un servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública, es necesario que esta Legislatura revise la pena que se impone a quienes cometen en delito de ultrajes a la autoridad”.
El legislador perredista consideró que, “por el contrario, se han aumentado las penas para los servidores públicos que delinquen, negándoseles incluso, en algunos casos, el beneficio de la libertad provisional”, pues al cometer delitos faltan a la confianza que se depositó en ellos para brindar un servicio a la comunidad.
Sin embargo, si el servidor público, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, es ofendido, es agredido, es insultado, se insiste, no sólo se le está faltando al respeto a él, sino a la autoridad que representa, enfatizó Moreno.
De esta forma, Julio César Moreno indicó que es necesario que el castigo contra quien no respete a la autoridad, sea mayor, aunque no amerite sea considerado delito grave, por lo que se propone que la sanción al ultraje de la autoridad sea con pena privativa de la libertad y multa” a fin de que el castigo a quien no respete a la autoridad, como lo son los policías, resulte ejemplar.
