Propone Espina modificar ley para evitar abusos de escoltas
17 de Mayo de 2017
• Cualquiera puede adquirir uniformes de seguridad privada y ofrecer servicios, reprueba legislador del GPPAN
El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Gonzalo Espina Miranda, planteó hoy reglamentar la prestación de servicios de seguridad privada y dar pauta a las instituciones locales para garantizar la seguridad a los capitalinos que adquiere este servicio.
A través de una iniciativa de ley, el legislador del GPPAN ofrece la certeza de un marco jurídico que respalde a particulares ante algún acontecimiento durante un servicio de seguridad privada contratado.
“Estaremos acorde con lo que establece el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría de Seguridad Pública tendrá la facultad de regular la prestación de seguridad privada de forma integral”.
Es decir que sin mayor problema, cualquiera puede adquirir uniformes de guardias de seguridad privada y ofrecer servicios a un costo menor de las empresas que están legalmente registradas.
“Esto es riesgoso, pues cuando ocurra algún acontecimiento, el elemento de seguridad privada no sabrá cómo actuar y podría estar involucrado en dicho suceso”.
El Estado, acentuó, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley tal y como lo condiciona un apartado de la iniciativa presentada por Espina Miranda.
Derivado de lo anterior, es posible afirmar, que las empresas de seguridad privada han crecido de manera exponencial sin que les otorguen garantía de sus servicios a quien contratan.
“Tampoco existe un registro confiable sobre dicha actividad, las empresas en comento son un peligro para la sociedad, pues vulneran las dispersiones de la ley en la materia al realizar actos de suplantaciones de guardias de seguridad privada”.
El instrumento legislativo contiene el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada 2013, mismo que revela el número de empresas de seguridad privada que fue de 914; el personal autorizado, de 64 mil 235 personas prestando servicios de seguridad privada, y para apoyar dichos servicios se contó con un registro de mil 492 vehículos, así como mil 858 armas cortas y dos mil 93 largas.
