Propone Iván Texta uso de notificación electrónica en la administración capitalina
22 de Septiembre de 2016
· El diputado perredista presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo local
· Se pronunció a favor de un marco jurídico que permita a las autoridades administrativas reducir gastos y aumentar su eficacia
Para aumentar la eficacia y reducir los recursos económicos que se destinan para las notificaciones personales, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís, presentó hoy una iniciativa que propone definir un marco jurídico que permita a las autoridades administrativas la aplicación de la notificación y el estrado electrónicos.
La iniciativa con proyecto de decreto, presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y turnada a las comisiones unidas de Administración Pública Local y de Ciencia, Tecnología e Innovación, sugiere reformar diversos artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
A 21 años de su expedición, dicha ley tiene su origen en la necesidad de uniformar la actuación de la administración pública local”, dijo el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la ALDF, al reconocer que esta norma ha sido superada en diversos rubros, como la aplicación de tecnologías de la información.
El diputado perredista recordó que, de acuerdo con el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, la notificación electrónica es el acto mediante el cual se da a conocer a los interesados, a través de medios electrónicos y telemáticos, tales como una página web o correo electrónico, un acuerdo administrativo o resolución judicial.
Texta Solís dijo que la Ley vigente indica que la notificación debe cumplir, entre otras cosas, que se practique en horas y días hábiles, así como asentar la hora en que se llevó a cabo la diligencia y detallar los hechos. Comentó que aunque la notificación genera certeza sobre la entrega de la resolución a notificar, la mayoría de los casos representan un alto costo para el Estado y no asegura que cumpla con su objetivo de comunicar.
En tribuna, manifestó que para calcular el costo de una notificación no electrónica se debe tomar en cuenta la transportación, el papel y el tiempo laboral hora/hombre, lo que representa unos 45 pesos, cifra que al multiplicarla por un mínimo de 500 notificaciones al mes para las dependencias, órganos autónomos y demás instancias locales, supera los 33 millones de pesos.
“La notificación electrónica, acompañada del estrado electrónico es un mecanismo que no sólo hace eficiente la comunicación con los ciudadanos, sino que también significa un ahorro al erario público”, afirmó.
Para su utilización, explicó Iván Texta, el interesado deberá solicitar expresamente la notificación electrónica, dar a conocer su aceptación y proporcionar el correo para tal efecto; en caso contrario, y aún cuando la dependencia emisora haga uso oficial de este instrumento, el interesado deberá manifestar su negativa a ser notificado por esta vía.
De acuerdo con la iniciativa del diputado perredista, la dependencia emisora deberá colocar en la notificación: nombre, denominación o razón social del o de los interesados y, en su caso, del representante legal, agregándose los documentos que acrediten la personalidad, así como la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos.
Además, el domicilio para recibir notificaciones, la petición que se formula; la descripción clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoye la petición; los requisitos que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables, o el manual, ofreciendo las pruebas cuando sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y la naturaleza del asunto así lo exija; y el lugar, la fecha y la firma del interesado.
