Propone PRD derechos plenos para personas con discapacidad
08 de Junio de 2017
- Presenta iniciativa que garantice la libre expresión y el respeto a sus decisiones: Víctor Romo
- Es para que los mayores de edad gocen de plenos derechos jurídicos, Elena Segura
- En la CDMX existen unas 500 mil personas con discapacidad
Los diputados perredistas Víctor Hugo Romo Guerra y Elena Segura Trejo presentaron una iniciativa de ley para que todas las personas con discapacidad, mayores de edad, puedan ejercer plenamente en la CDMX su capacidad jurídica, al igual que cualquier otro ciudadano.
La propuesta, presentada ante el Pleno por la legisladora Elena Segura Trejo, en representación del diputado Romo Guerra, establece también que se les provea los apoyos y salvaguardias que sean necesarias, cualquiera que sea el grado de su discapacidad, para que puedan tomar sus propias decisiones.
La legisladora Elena Segura Trejo resaltó la importancia de esta iniciativa, en el contexto de una ciudad que cuenta con una Constitución Política progresista, incluyente e innovadora, pues regresa a las personas con discapacidad, mayores de edad, sus derechos jurídicos, de manera íntegra y legítima, con el respaldo de salvaguardias y protección particular.
Víctor Romo explicó que se trata de modificar la figura de interdicción (privación de un derecho permitido por la ley) para las personas con discapacidad (mayores de edad), limitación que se conservaría para los menores.
El legislador perredista recordó que de acuerdo con el Instituto para la Integración de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, existen en la capital cerca de 500 mil personas discapacitadas, de ellas el 9.2% son mayores de edad, 1.8% son menores de 15 años, 4.5% tienen entre 30 y 59 años, 19.9% tienen entre 60 y 84 años, y 54.2% son mayores de 84 años.
“En cuanto a su condición de limitación en la actividad, se presentan la de movilidad, que es la más frecuente con un 60%, seguido de problemas irreversibles de la vista un 25%, para escuchar 12.9%, mental con 9.2% y de habla y comunicación 7.4%”, agregó.
La iniciativa prevé homologar las normas y disposiciones internacionales de vanguardia en esta materia, dijo el legislador, a las que México se ha suscrito, pero aún tiene pendiente actualizar en sus leyes.
Estamos proponiendo que las personas con discapacidad recobren la plena capacidad jurídica, en igualdad de condiciones, al igual que todos los ciudadanos porque es indispensable para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales.
En el caso de las personas con discapacidad, destacó Romo, adquiere una importancia especial recobrar la plena capacidad jurídica, sobre todo cuando se tienen que tomar decisiones esenciales con relación a su salud, educación y sus actividades laborales.
Se trata de “fijar los lineamientos que garanticen en todo momento la libre expresión de la voluntad de las personas, sin sustituir sus decisiones”, señaló Romo.
“También se crean las salvaguardias adecuadas y efectivas que califiquen o verifiquen la actuación, grado, tipo y dimensiones de los apoyos, y así evitar abusos contra las personas usuarias de los mismos”, refirió.
La legisladora perredista sostuvo que la Constitución de la CDMX “intercede por la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, a fin de que participen con autonomía e independencia en todos los ámbitos de su vida y sean tratadas como cualquier ciudadano”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas –dijo Romo Guerra- reconoce la universalidad de los derechos humanos, y plantea un cambio de paradigma en el abordaje de la discapacidad de un modelo basado en el reconocimiento de sus garantías fundamentales.
“Es ahí donde al modificar al artículo 23 del Código Civil del Distrito Federal se le empezaría por dar a respetar las garantías plenas de las personas con discapacidad, y hacer que estos ciudadanos estén con igualdad de condiciones jurídicas, llevando de este modo a la CDMX a la vanguardia en Latinoamérica”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Grupos Vulnerables para su discusión, análisis y posterior votación en el Pleno.
