PROPONE TIPIFICAR COMO DELITO LA VENTA DE COMBUSTIBLE EN LA VÍA PÚBLICA
20 de Noviembre de 2010
El diputado local, Leonel Luna Estrada, propuso al pleno de la Asamblea Legislativa una iniciativa de Reformas al Código Penal del Distrito Federal que contempla como delito ambiental la venta y el trasiego de combustible de transporte a transporte en la vía pública o fuera de lugares establecidos legalmente.
El también vicepresidente de la Comisión de Protección Civil de la ALDF informó que, de acuerdo con información de distribuidores de gas LP y de Petróleos Mexicanos, existen al menos 600 unidades que operan de manera clandestina en la capital y zona conurbada, en donde existe el mayor mercado negro de combustible en el país, lo que representa aproximadamente entre 3 y 4 por ciento de las ventas de gas.
Comentó que de acuerdo con cifras de la industria y la paraestatal, en la capital se consume aproximadamente 20% de la demanda nacional, es decir: 144,000 toneladas mensuales de gas LP, lo que representa el consumo más grande del mundo registrado en una ciudad.
Por este motivo y ante la falta de actuación de las autoridades federales, quienes aún cuando existe un incumplimiento a las reglas de carácter federal no hay una intervención oportuna de aquellos encargados de vigilar las Normas Oficiales Mexicanas en lo que se refiere a la venta de combustible.
"Es imperativo destacar que más allá de la violación a dichas reglas se está cometiendo un delito que involucra la afectación al ambiente en la marco de la sustentabilidad local, por eso es indispensable generar una legislación que permita, a través de normas de fácil cumplimiento, se evite que se siga dañando el ambiente y por supuesto salvaguardar la vida de los capitalinos, apuntó.
Reconoció que en la capital estos factores de riesgo ambiental se presentan, como lo ha manifestado el propio Secretario de Protección Civil, Elías Miguel Moreno Brizuela, quien ha señalado en repetidas ocasiones que la crisis económica ha provocado la aparición de tomas clandestinas de gas LP, donde la recarga a domicilios, negocios y vehículos de transporte público y de carga se lleva a cabo a plena luz del día sin ninguna medida de seguridad, mediante el uso de plantas portátiles, las cuales no garantizan que se evite la contaminación al medio ambiente.
Con relación a esto, aclaró Luna Estrada, es necesario contar con un sistema instrumental que impida que el daño ambiental suceda, bloqueando la acción ilícita y su dinamismo destructivo. La protección ambiental implica una nueva visión donde el equilibrio ecológico y la calidad de vida son el sustrato jurídico protegido y en sí mismo valioso.
