PROPONEN APLICAR SANCIONES PECUNIARIAS CON EQUIDAD
20 de Diciembre de 2012
Con la finalidad de permitir una correcta impartición de justicia por parte de los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en materia del delito de robo, los diputados Gabriel Gómez del Campo Gurza y Santiago Taboada Cortina (PAN) presentaron una iniciativa de reforma a la fracción IV del artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal, para definir claramente el monto mínimo y máximo a la multa económica que dicha fracción establece.
Al presentar la propuesta ante el Pleno, el diputado Gabriel Gómez del Campo señaló que tras la última reforma realizada a dicho artículo en 2006, la fracción IV del artículo 220 del Código Penal establece una sanción de “Prisión preventiva de cuatro a diez años y de cuatrocientos o seiscientos días de multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo”.
“Esta redacción no establece ni un mínimo ni un máximo para la multa, en virtud de que la conjunción disyuntiva ‘o´ denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más supuestos; es decir, en el caso que nos ocupa el uso de dicha vocal hace referencia a que se puede imponer una u otra pena, no significa que el límite mínimo sean cuatrocientas veces y el máximo sean seiscientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, dijo.
Derivado de lo anterior, comentó, en los tribunales surgieron contradicciones a la interpretación de dicha fracción, las cuales fueron resueltas por la Suprema Corte de la Nación, al establecer que dicha reforma transgrede el artículo 22 de la Constitución Política.
La resolución establece que: “El citado precepto constitucional prohíbe la imposición de multas excesivas, es decir, aquellas que no toman en cuenta la gravedad del ilícito, la capacidad económica del infractor o cualquier elemento tendente a demostrar la gravedad o levedad de la conducta que pretende sancionarse”.
El legislador afirmó que con la aprobación de esta reforma, los jueces del Distrito Federal podrán atender en sus resoluciones a las condiciones económicas del infractor de la norma, logrando con ello que la sanción pecuniaria no resulte excesiva ni desproporcional. “Lo anterior resultaría en una impartición de justicia no sólo apegada a la Constitución, sino al espíritu y fin último de toda normal penal: la equidad”.
Cabe destacar que la iniciativa se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
