PROPONEN LICITACIONES PÚBLICAS PARA USO DE BIENES DEL DF
03 de Abril de 2013
Los Permisos Administrativos Temporales Revocables pueden implicar falta de transparencia y falta de honradez, así lo dijo el Diputado Jorge Gaviño Ambriz al presentar ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto, que busca modificar el Artículo 74 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, que aunque pareciera una situación menor, no lo es, dijo.
Esta Inicitiva fue apoyada por los diputados María Gabriela Salido Magos, del Partido Acción Nacional; Héctor Hugo Hernández Rodríguez y Lucila Estela Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y Miriam Saldaña Cháirez, del Partido del Trabajo, quienes se suscribieron a la misma.
La Ley del Régimen Patrimonial, destacó Gaviño Ambriz, permite entregar a través de permisos o concesiones el “uso, usufructo, aprovechamiento de los bienes de la Ciudad de México”, por lo que este proyecto de iniciativa tiene como objetivo garantizar que el patrimonio de la capital se de en “uso o aprovechamiento pero siempre a través de una figura licitación pública”; la cual está ordenada en la Constitución y expresamente manifiesta que se obtengan las mejores condiciones para el Estado Mexicano, y por ende, para el pueblo de México, cuando el Estado mismo no puede prestar un servicio público y tenga que hacerlo a través de un tercero pero garantizando las mejores condiciones para el patrimonio de todos los ciudadanos.
Sin embargo, hizo énfasis en que el Director Ejecutivo de Gestión de la Autoridad del Estado Público, Erwin Crowley, defendió la operación de parquímetros a través de Permisos Administrativos Temporales revocables otorgados a las empresas para manejar estos aparatos; porque a su juicio, tanto un PATR como una concesión, proporcionan transparencia para estacionarse en la vía pública, pero los PATR otorgan más transparencia para que el Gobierno vigile la “correcta operación” de los aparatos y pueda revocar el permiso en caso de “mal funcionamiento”.
El diputado local, destacó que de acuerdo a Crowley, los eventuales concesionarios podrán ampararse contra las auditorías y revisiones anuales para el caso del PATR; y si se licita la concesión los parquímetros hay menos transparencia y posibilidades de control por parte del Gobierno, “lo cual resulta falso de toda falsedad”, dijo.
Jorge Gaviño dio a conocer que en una entrevista que puede encontrarse en redes sociales, como específico en “You tube”, Crowley manifiesta que el manejo de los parquímetros se otorga a un particular, “a través de un Permiso Administrativo Temporal Revocable, es un instrumento que al Gobierno le da muchísima dentadura, por decirlo de forma coloquial, para controlar precisamente la operación y poder estar haciendo una revisión muy pormenorizada de cuál es la operación y los detalles que de todo ello se va deviniendo, y le ofrece al Gobierno la posibilidad de poder estar estableciendo cambios constantemente respecto de lo que es el marco jurídico de este contrato”.
Por lo que lo invitó a Crowley, a estudiar el procedimiento de las licitaciones, cuál es el fundamento legal y cuáles son “los derechos y obligaciones del Estado frente a los particulares” respecto a los PATR; porque en caso de que éste tuviese razón, deberían desaparecer las concesiones y hacer Permisos Temporales Revocables para que el Gobierno tenga “bastante dentadura” para controlar los contratos que hacen.
Las licitaciones públicas, dijo el también presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, “son instrumentos para dar transparencia e igualdades para que los bienes del servicio público se presten para mejores condiciones del Estado y también para los particulares”.
Por lo que la citada iniciativa busca modificar el Artículo 74 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 74.- …
“Tratándose de los bienes de uso común, sólo podrá ser conferido su uso, aprovechamiento, explotación o administración, a través de concesión, conforme a los requisitos establecidos en la presente ley”.
Con este cambio, manifestó Jorge Gaviño, se estaría garantizando que tratándose se bienes públicos, todo tenga que hacerse a través de concesiones y no PATR.
