PROPONEN REFORMAR LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
22 de Agosto de 2011
El diputado Erasto Ensástiga Santigo propuso reformar el Artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal para que los recursos del Fondo General de Participaciones pasen del 20 al 25 por ciento de la Recaudación Federal Participable. Ello con el fin de que los estados puedan contar con ingresos adicionales por 93 mil 600 millones de pesos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, apuntó que su propuesta se suma a otras 10 que ya se presentaron en el Congreso de la Unión, porque los recursos para llevar a cabo los planes y proyectos de los estados sufrirán una merma para el próximo ejercicio 2012.
Aunado a ello, dijo, el margen de maniobra para financiar los proyectos de los estados y el Distrito Federal, se verá aún más reducido por la eliminación del impuesto sobre la tenencia de vehículos automotores.
Ensástiga Santiago resaltó que para el actual ejercicio fiscal 2011, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó 377 mil 434.2 millones de pesos para el Fondo General de Participaciones, este monto es equivalente al 11% del presupuesto total aprobado por 3 billones 438 mil 895.5 millones de pesos para el Gobierno Federal. Es decir, los gobiernos estatales disponen sólo de una décima parte del presupuesto para solventar las necesidades locales, por lo que urge la reforma al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal en este sentido.
Insistió en que al pasar del 20 al 25 por ciento de la Recaudación Federal Participable, los recursos del Fondo General de Participaciones, los gobiernos estatales podrán contar con ingresos adicionales por 93 mil 600 millones de pesos, cantidad que para el gobierno federal solo significaría trasladar el equivalente al 2.7% de su presupuesto y de aprobarse “avanzaremos hacia el fortalecimiento del federalismo, y hacia la corresponsabilidad de la gestión pública entre Federación y Estados”, subrayó.
Comentó que en ese contexto, el próximo paso para transitar hacia el fortalecimiento del federalismo deberá ser la descentralización del gasto social hacia los estados y municipios. Pues de acuerdo al último informe de INEGI y CONEVAL, las políticas centralizadas implementadas desde el Gobierno Federal, no han logrado detener el empobrecimiento de la población, al contrario, hoy el 85 por ciento de la población en nuestro país es más pobre.
Ensástiga Santiago recordó que desde la entrada en vigor de la Ley de Coordinación Fiscal en 1978, ésta ha experimentado diferentes reformas motivadas por la inequidad en el Pacto Fiscal, sin embargo hasta el momento dicho esquema ha hecho dependientes económicos de la federación a las entidades federativas y municipios. Por otra parte, el financiamiento ha dependido fuertemente del comportamiento de la recaudación del gobierno federal.
Resaltó que en 2007, el gobierno federal impulsó nuevas reformas que tenían el propósito de equilibrar el desarrollo regional, para lo cual modificó las fórmulas de asignación del Fondo General de Participaciones, sin embargo no previó mecanismos de compensación para las entidades federativas que cedieron proporcionalmente recursos, incluso, al incorporar el crecimiento poblacional como factor que pondera la distribución, el Distrito Federal ve disminuir cada año los recursos de origen federal, pese a que contribuye con el 53 % del total recaudado y aporta alrededor del 20 % del Producto Interno Bruto del país.
De este modo, dijo, la Ley de Coordinación Fiscal, establece la totalidad de los recursos destinados a los Fondos de Aportaciones para que los Gobiernos Estatales financien programas específicos.
Por otra parte, apuntó, de las Participaciones por Ingresos Federales, el Fondo General de Participaciones no tiene un destino específico, y es con el cual los Gobiernos Estatales pueden financiar los programas o proyectos acordes a sus propios planes de gobierno.
Por todo ello, es urgente impulsar las reformas necesarias que permitan a los estados y al Distrito Federal, tener la holgura suficiente para proveer una mayor cantidad de bienes públicos a la población.
