PROPONEN RUTA DE TRABAJO PARA DISCUTIR INICIATIVAS EN DERECHOS HUMANOS
23 de Noviembre de 2012
Boletín # 142
Durante la celebración de la segunda reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, se aprobó de forma unánime el programa de trabajo presentado por la presidenta Cipactli Dinorah Pizano Osorio, y propuso que los acuerdos generados al seno de este grupo de trabajo sean subidos al Pleno con el fin de buscar transparencia en el trabajo legislativo e involucrar a todos los diputados en los acuerdos aprobados.
Asimismo, hizo algunas observaciones sobre los temas planteados en la reunión y enfatizó que pondrá especial atención a la iniciativa de Ley del Distrito Federal para la Prevención y Supresión de la Trata de Personas, por ser un tema de fondo que debe analizarse con seriedad, dada la gravedad del conflicto, y que también fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa.
En cuanto a la iniciativa de Ley de Reparación del Daño Causado por las Violaciones a los Derechos Humanos del Distrito Federal, la presidenta resaltó la importancia de que los ciudadanos que hayan sido violentados en sus derechos fundamentales, éstos les sean resarcidos.
Respecto al punto de acuerdo turnado para que funcionarios que no han acatado las recomendaciones de derechos humanos en el Distrito Federal, comparezcan ante la ALDF, coincidió con su homóloga Ernestina Godoy, en el sentido de que en este gobierno que se ha prestigiado por el cumplimiento de las libertades y los derechos de los capitalinos, no haya violadores sistemáticos de los derechos humanos.
“Me parece que sería muy importante dar la oportunidad a las personas, funcionarias públicas, que explicaran la razón por la cual no han cumplido una recomendación”, puntualizó.
Asimismo, informó que solicitará a la Comisión Especial de Reclusorios, incluya a la Comisión de Derechos Humanos con el fin de involucrarse de manera directa en la problemática generada dentro de los penales.
Por su parte, el diputado Jorge Agustín Zepeda Cruz destacó respecto al plan de trabajo aprobado, que la intención de la Comisión será buscar el análisis y el debate, de tal forma que la gente sepa cuáles son sus derechos; porque el desconocimiento de los mismos daba como resultado que los ciudadanos no exigía lo que les corresponde en la materia.
En tanto la diputada Bertha Alicia Cardona resaltó la propuesta de que cada dictamen o asunto que llegue sea procesado detenidamente para que se resuelva en los mejores términos y se generen documentos, analizados, a favor de los ciudadanos.
El diputado Manuel Alejandro Robles apuntó que la agenda de derechos humanos tiene que ver con temas trascendentales no sólo de la vida de la ciudad, sino también en su desarrollo y evolución de la dignidad, por ejemplo la compleja situación que existe en los reclusorios.
En cuanto al tema de las comparecencias de los funcionarios que no han aceptado las recomendaciones de la CDHDF, la diputada Laura Ballesteros Mancilla sostuvo que no existen los incentivos correctos y suficientes para que los funcionarios comparezcan en un ánimo no sólo de cumplimiento de observancia de la agenda de derechos humanos, sino en un ánimo de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, dijo que la reparación del daño es sin duda un objetivo que se debe alcanzar en toda ciudad progresista y democrática como la que se construye actualmente y que lo deseable es que los derechos humanos no sean violentados, y al observar lo que sucede, es importante trabajar como legisladores en los mecanismos para que en caso de ser violado un derecho humano de alguna víctima, se pueda reparar el daño.
La diputada Ernestina Godoy Ramos, en los temas de trata de personas y reparación del daño se pronunció a favor de consultar con especialistas, para evitar duplicidad de facultades en los distintos ordenamientos vigentes. En cuanto a las comparecencias de los funcionarios, dijo, que es necesario analizar este problema de fondo, por que sólo el 10 por ciento de las recomendaciones están siendo aceptadas y cumplidas, “porque estoy segura que ninguno de los servidores públicos de este gobierno son violadores de derechos humanos”, manifestó.
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