PROTEGER A PERIODISTAS ES UNA RESPONSABILIDAD DE ESTADO
14 de Marzo de 2012
La libertad de expresión y la protección a los periodistas que la ejercen representa una responsabilidad ineludible del Estado, por ello es muy trascendente la reforma constitucional para la federalización del delito contra periodistas y medios de comunicación, expresó el vocero del Grupo Parlamentario del PRD en la ALDF, Alejandro Sánchez Camacho.
Luego de que en el Senado de la República se aprobara dicha reforma para que los delitos contra la libertad de expresión o el derecho a la información sean investigados y sancionados por las autoridades federales, el legislador declaró que actualmente es muy grave la situación de violencia que enfrentan las y los periodistas.
Comentó que muchos casos de violación a los derechos humanos de los trabajadores de los medios de comunicación, al ser considerados del fuero común, simplemente quedan impunes, por ello fue muy importante que los senadores quitaran a las fiscalías estatales las facultades para investigar los delitos contra la prensa, y otorgaran al Gobierno federal la obligación de garantizar los derechos de los periodistas.
Según datos de organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, en el cual se reportan 75 asesinatos de periodistas en la última década y una docena de desaparecidos.
Por ello garantizar el trabajo libre y comprometido de los periodistas no es una graciosa concesión de los gobiernos, sino que es parte fundamental de la vida democrática, ya que al agredirse a un reportero, se arremete en contra de toda la sociedad.
Aseveró que en México cada año se intensifican las agresiones en contra de la libertad de expresión no sólo por las agresiones en contra de reporteros, sino contra editores y medios de comunicación que todos los desarrollan sus labores en escenarios verdaderamente adversos.
Expuso que las agresiones de acuerdo a testimonios de los propios periodistas van desde las amenazas verbales hasta los asesinatos o desapariciones forzadas, lo que impacta negativamente el efectivo goce de la libertad de expresión y el acceso a la información de la sociedad, dañando el proceso de consolidación del Estado de Derecho.
