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PUEDE AGRO CONTRIBUIR A LUCHA CONTRA HAMBRE EN VALLE DE MÉXICO

PUEDE AGRO CONTRIBUIR A LUCHA CONTRA HAMBRE EN VALLE DE MÉXICO

12 de Julio de 2013

Al inaugurar el Foro “Soberanía Alimentaria en el Distrito Federal”, la diputada Ma. Angelina Hernández Solís señaló que la solución del problema de hambre y desnutrición en la Zona Metropolitana del Valle México (ZMVM), puede contribuir significativamente la producción agropecuaria del Distrito Federal a condición de que se le apoye con presupuesto y políticas públicas eficientes.

Ante representantes del Gobierno del Distrito Federal (GDF), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), instituciones académicas y productores rurales de Xochimilco, la legisladora invitó a presentar conjuntamente una propuestas real e integral a los órganos legislativos locales y federales para impulsar y recuperar la productividad agropecuaria de la capital.

“Sabemos que si impulsamos el campo en el país, pero en particular en el Distrito Federal, también impulsaremos el desarrollo económico, el empleo y, sobre todo, la soberanía alimentaria”, afirmó.

Recordó que México pasó de ser autosuficiente y exportador en alimentos a importador de casi el 60 por ciento de su consumo alimentario, lo cual, aunque le representa a la nación una gran fuga de divisas, no le alcanza para cubrir sus necesidades, por lo que millones de mexicanos padecen hambre y desnutrición.

Actualmente el país debe comprar al extranjero la tercera parte del maíz, el 50 por ciento de trigo, el 80 por ciento de arroz, al menos el 30 por ciento de frijol, igual porcentaje de leche en polvo y el 80 por ciento de oleaginosas –como sorgo y soya- que consume, y ni así le alcanza para que todos los mexicanos se alimenten.

En su intervención durante este acto celebrado en la explanada de la Delegación Xochimilco, el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Enrique Dussel, calificó como una verdadera “traición a la patria” la política agropecuaria basada en la importación de alimentos e instrumentada por los gobiernos nacionales en las últimas décadas, que no ha sido otra cosa más que el abandono del campo y el campesino.

Criticó el argumento esgrimido por las administraciones federales desde la década de los 80, según el cual, la compra de alimentos a otros países se justifica porque son más baratos, pues con ello se induce a la inactividad, el abandono de tierras, el desempleo, la falta de ingresos y la incapacidad de compra hasta de los propios alimentos, con lo que a final de cuentas todo le sale más caro al país.

Previamente, Hernández Solís ilustró este hecho con el caso de ésta y otras demarcaciones con producción agropecuaria, pues a pesar de aportar todavía, por ejemplo Xochimilco, el 58 por ciento del amaranto, el 43 por ciento de lechuga, el 41 de espinaca y el 57 por ciento de verdolaga que se consume en la ZMVM, al menos 50 por ciento de su población está en pobreza o pobreza extrema.

En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Hegel Cortés Miranda, señaló que para el Gobierno del Distrito Federal, la atención a este tema siempre ha sido prioritaria, apoyó la propuesta de instrumentar una política pública integral y aplicar un presupuesto real al desarrollo, producción y comercialización agrícola y pecuaria de la capital.

Ma. Angelina Hernández, propuso en abril pasado instituir un seguro de apoyo a los productores que se viesen afectados por siniestros climáticos o de cualquier otro tipo mediante reformas a la ley correspondiente.

Cortés Miranda coincidió en esta propuesta, ya que los apoyos existentes para estos casos son, además de insuficientes, insultantes, pues luego de engorrosos y prolongados trámites burocráticos, a los productores afectados por alguna helada, granizada, inundación o sequía se les da 200 pesos de apoyo, “eso no puede ser ni va a seguir sucediendo”, enfatizó y anunció que en los próximos meses se entregarán mil 974 pesos a cada uno de cuatro mil productores en el marco del “seguro de desempleo agropecuario”.

Asimismo, adelantó que el próximo día 30 se instalarán mesas de trabajo entre las diferentes dependencias federales y locales con los productores para elaborar un programa que se pondría a consideración de la propia ALDF y la Cámara de Diputados a fin de que se le presupuesten recursos para su instrumentación en las zonas rurales.

Adicionalmente, con la Comisión Nacional del Agua, los Sistemas de Aguas de la Ciudad de México y del Estado de México, la Cámara de Diputados y autoridades locales se trabajará en un plan hídrico integral para Xochimilco y Tláhuac que incluiría la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras en Chalco, como parte del ejido de Mixquic.

Finalmente, destacó que en también en los siguientes días el GDF firmará con la FAO el acuerdo de colaboración para el desarrollo de la agricultura urbana.

Por su parte, Víctor Suárez, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y representante de la ANEC, demandó a la ALDF y al GDF establecer una política propia, diferente y alternativa a la política del gobierno federal, basada en derechos.

“Es decir, una política con rostro humano, integral y multianual; que sea efectiva, participativa y progresiva. Queremos una política pública para satisfacer el derecho a la alimentación y no cruzadas neoliberales y asistenciales contra el hambre”.

Propuso declarar al DF como territorio libre de transgénicos y agrotóxicos, pues investigadores de la UACM han detectado que maíces originarios del Distrito Federal ya tienen transgenes y la citada declaración se convierte, por ello, en un asunto de sobrevivencia.

Consideró necesario un programa de incentivos y transferencia tecnológica para la producción en pequeña escala, tanto en el área rural como suburbana, con prioridad en la canasta normativa alimentaria de EVALUA-DF (amaranto, frijol, chile y calabaza, entre otros).

Propuso emitir un decreto para que el GDF, en todas sus compras de alimentos, se obligue a comprar la producción local de alimentos. “No es posible que sólo el tres por ciento se le compre a productores y el resto a monopolios. Tiene que modificarse la ley para que al menos 70 por ciento de la compra alimentaria de todas las dependencias provengan de pequeños productores organizados”.

Argumentó que los derechos humanos están por encima de las leyes de comercio y de inversión.

Planteó la conveniencia de crear una red barrial de puntos de venta de alimentos frescos provenientes del sur del Distrito Federal en toda la ciudad, en lugar de promover más “tiendas de conveniencia”, a las que calificó como centros de obesidad, alcoholismo y tabaco, al tiempo que desalientan el empleo. La red operaría en cada sección y unidad territorial de cada delegación.

Coincidió en que se necesitan recursos, capacitación científica e infraestructura adecuada en la zona sur de la capital para el saneamiento del agua de riego empleada en la producción de hortalizas.