QUIEREN INFORME DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO
15 de Junio de 2011
Con el fin de conocer los criterios, estrategias y visiones de corto, mediano y largo plazos que den vialidad y sustento jurídico al desarrollo urbano de la capital, la Diputación Permanente solicitó al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Felipe Leal Fernández (Seduvi), información sobre el estado que guarda el procedimiento para la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
La propuesta de la diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez señala que a la fecha las autoridades de la ciudad prácticamente han dejado a los ciudadanos en estado de indefensión y violado la normatividad de la materia, al no existir un Programa General de Desarrollo Urbano.
En otro punto, la Diputación Permanente solicitó al titular de Seduvi informar sobre los programas parciales de la Ciudad de México que deberán contener la situación jurídica, normativa y técnica de cada programa parcial.
En su propuesta del diputado Leonel Luna Estrada argumentó que de un total de 49 programas parciales, 32 corresponden a suelo urbano y 17 al de conservación; 14 se encuentran vigentes; 29 han concluido su vigencia y 11 no indican temporalidad o vigencia.
Especifica que la mayoría de estos programas parciales fueron realizados en 1993 y 1994, y el resto en el 2000, por lo que su instrumentación ya no corresponde a las condiciones económicas, ambientales y sociales de la Ciudad de México.
Se indica que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7, fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano, es atribución de Setravi revisar los proyectos de programas delegacionales y de los programas parciales, así como los de sus modificaciones, para que guarden congruencia con el Programa General de Desarrollo Urbano.
En otro punto de acuerdo, los diputados pidieron un informe al director general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), José Antonio Revah Lacouture, sobre el estado que guarda el presupuesto asignado este año al instituto.
La propuesta de los diputados Ana Estela Aguirre y Juárez, José Arturo López Cándido y Juan Pablo Pérez Mejía, con base en denuncias de organizaciones capitalinas, considera que las construcciones de vivienda adjudicadas al INVI están visiblemente retrasadas y no avanzan con celeridad y puntualidad.
Lo anterior propicia que el costo de los materiales de construcción y de la contratación de empresas aumenta desmedidamente y afectan tanto la entrega de la obra como al presupuesto del INVI, el cual tiene que devengar los gastos del retraso.
Por ello, señaló, la ALDF requiere esta información para que exista transparencia en el proceso presupuestal del instituto.
