RATIFICAN DENUNCIA CONTRA DELEGADO EN COYOACÁN
28 de Febrero de 2013
Al ratificar la denuncia por el delito de extorsión ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la procuraduría capitalina, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Priscila Vera Hernández y Edgar Borja Rangel, aclararon que este no es un asunto partidista, sino de hacer cumplir el Estado de Derecho en la ciudad de México.
“Nosotros estamos confiando en nuestras autoridades y estamos procediendo conforme a derecho, nosotros lo que queremos es que se haga valer la ley, nosotros no somos quienes lo vamos a juzgar, para eso tenemos a las autoridades, que hagan las diligencias y posteriormente a los jueces encargados de dictar, si hay una persona que incurrió en responsabilidades o no, será por parte de los jueces”, destacó Borja Rangel.
Respecto a la decisión del abogado Rodolfo Reus de retractarse y no presentar denuncia, no obstante que hizo pública la conversación con el jefe delegacional de Coyoacán, misma que se informó se encuentra notariada, la diputada Priscila Vera aclaró que parte de las investigaciones deberán contemplar citar a declarar a todos los implicados en el caso.
“Hemos solicitado también al Ministerio Público, derivado de las declaraciones del Procurador de que va a hacer todas las diligencias necesarias, que venga a declarar el licenciado Rodolfo Reus junto con el aparato telefónico marca BlackBerry donde consta la conversación por medio de mensajería sostenida con el señor Mauricio Toledo, la declaración del Notario Público 181 del Distrito Federal, Miguel Soberón para que declare en relación a los hechos y exhiba testimonio de la certificación de la conversación entre el señor Reus y el señor Toledo”, explicó Vera Hernández.
Ambos legisladores, puntualizaron que no se trata de un asunto político o de partido como lo ha querido hacer ver el Jefe Delegacional de Coyoacán, y en esta ratificación pidieron también que la PGJDF realice los trámites legales pertinentes para determinar si el PIN de la BlackBerry fue hackeado.
“Nosotros lo que queremos aquí es que quede claramente que nadie puede tener una fe notarial de hechos y de repente decir, pues ya no pasó nada, es lo que no puede estar aconteciendo, y que tenemos ya, de manera sistemática dos amenazas de muerte; una a su servidor, y otra por medio de un aparato telefónico. Esto no es un tema de partidos, no es un tema de raja política, es un tema de que queremos hacer valer la ley, y que en este caso, todos los funcionarios públicos puedan conducirse con respeto a las leyes”, concluyó Borja Rangel.
