RECHAZA GPPAN DEROGAR FIGURA DEL ARRAIGO
18 de Febrero de 2013
En el marco de la presentación del gabinete de seguridad del Partido Acción Nacional del Distrito Federal, la vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Olivia Garza de los Santos señaló que a diferencia de otros estados de la República, en el Distrito Federal la figura del arraigo ha dado muestras de ser una herramienta eficaz para el combate al crimen organizado.
Tras ser cuestionada de la postura que asumirá el Partido Acción Nacional, ante la propuesta de derogación de esta figura, Garza de los Santos subrayó la figura del arraigo es una certeza jurídica que se debe mantener en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y de la Ley Contra la delincuencia Organizada del DF, pues en la capital del país el arraigo ha mostrado ser una figura eficaz en el combate a la delincuencia organizada, es un instrumento jurídico que permite evitar la impunidad de los actos delictivos cometidos en contra de la sociedad, así como impedir que los probables responsables del delito se sustraigan a la acción de la justicia, con lo que se protege de mejor manera a las víctimas y sus bienes jurídicos que han sido vulnerados.
Garza de los Santos destacó que por lo que hace al Distrito Federal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, se arraigaron a 301 personas de las cuales se consignaron al 86 por ciento (259 personas), de las 259 personas consignadas en el 95 por ciento se libró orden de aprehensión por un juez (246 personas con órdenes de aprehensión), lo cual muestra la eficiencia de esta medida en el Distrito Federal.
Sin embargo, subrayó que “si bien no estamos a favor de la derogación del arraigo, si estamos a favor de generar los mecanismos necesarios que garanticen la protección de los derechos humanos de toda aquella persona que sea sometida a este proceso.”
Finalmente, Olivia Garza comentó que la figura del arraigo ha contribuido de manera eficaz al combate a la delincuencia, pues gracias a dicha medida se han obtenido mandamientos judiciales, lo que significa que las solicitudes de arraigo del ministerio público cumplan con las condiciones legales para ser obsequiadas, y a su vez las decisiones judiciales se encuentran fortalecidas justificando así su constitucionalidad.
