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RECIBE ALDF ANTEPROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DEL DF



23 de Marzo de 2015

Boletín # 057

• El documento fue entregado por el Comité de Mecanismo, encabezado por el titular de la Sederec, al presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados Covarrubias

• El anteproyecto de ley será sometido a consulta pública para que el resto de la sociedad se pronuncie al respecto

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), diputado Manuel Granados Covarrubias, recibió el anteproyecto de iniciativa de ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito Federal, con el que se busca garantizar los derechos de éstos grupos en la Ciudad de México.

Ante representantes de diversas comunidades indígenas, barrios y pueblos de la capital del país, exhortó al Congreso de la Unión a iniciar los trabajos para impulsar un proyecto de ley
en materia de derechos de comunidades indígenas a nivel nacional porque, dijo, todavía hay una deuda legislativa federal pendiente.

En el acto entrega-recepción de dicho instrumento normativo, a cargo del secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Hegel Cortés Miranda, en su calidad de secretario técnico del Comité de Mecanismo, Granados Covarrubias anunció que la ALDF convocará a una consulta pública para que el resto de la sociedad capitalina pueda pronunciarse respecto al proyecto, a fin de enriquecerlo y generar condiciones de mayor consenso, pero sobre todo de pluralidad democrática con el resto de las fuerzas políticas.

Adicionalmente, agregó, en la Ciudad de México debemos generar los consensos necesarios para el reconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas que han llegado a nuestra ciudad y que ya son parte de ella, porque a partir de ahí se generan también usos y costumbres.

“Nosotros estaremos en ese marco de protección y a partir de ahí estaremos muy atentos a que en los mecanismos siguientes, las líneas que acuerde la Comisión de Gobierno para recibir las propuestas del resto de la sociedad, que también participen ustedes, toda vez de que concluye su función como Comité, pero como organizaciones deben de seguir dándole seguimiento a este esquema que hoy se presenta”, afirmó.

El también coordinador de la fracción del PRD manifestó que a nombre de la Comisión de Gobierno estará dando cuenta a los grupos parlamentarios del anteproyecto recibido para efecto de iniciar un análisis propio en la Asamblea Legislativa.

En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Hegel Cortés Miranda, precisó que el anteproyecto de ley consta de más de 200 artículos que pudieran servir de marco o de base principal para que la Asamblea Legislativa, en uso de sus atribuciones, apruebe una ley en la que se pueda ver reflejado el espíritu del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Convención de Naciones Unidas en materia de pueblos, barrios y comunidades indígenas.

“Sirva este primer esfuerzo para generar y diseñar políticas públicas y reconocer a la Ciudad de México como la capital social que nos ha señalado nuestro Jefe de Gobierno, pero que también ha manifestado como una capital indígena, que reconoce la otredad, la diferencia de lengua, la diferencia de cultura, de autoadscripción, de autodeterminación, de generar un respeto sobre los derechos de la tierra, sobre las definiciones que se tienen respecto a la cuestión de la lengua materna”, externó.

El funcionario aclaró que con el anteproyecto de ley elaborado por el Comité de Mecanismo se concluye una primera etapa, pues no se trata de un documento único ni acabado, sino de una propuesta que pueda servir de base a los diputados para iniciar su análisis y, de considerarlo necesario, realizar otras consultas. “Se trata del diseño de una salida política y social que permita seguir construyendo y avanzando en un mecanismo democrático, de una cultura y de una consulta de buena fe, de abajo hacia arriba, también como lo mandató el Jefe de Gobierno, en el que vayamos decidiendo juntos una política pública en beneficio de nuestros pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes”, puntualizó.

Refirió que el documento entregado es resultado de más de 100 reuniones de trabajo de este Comité de Mecanismo de la Consulta para la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes; más de 100 consultas, 200 asambleas comunitarias que se celebraron en toda la Ciudad de México, en donde participaron básicamente todos los pueblos originarios, más de 143 pueblos originarios y 171 barrios en el DF, acompañados también de procesos a todas las comunidades residentes en la capital, cuyas propuestas no sólo fueron escuchadas sino también incorporadas.

Al hacer uso de la palabra, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, destacó que el trabajo realizado para la elaboración de este anteproyecto significa el esfuerzo más grande de consulta que se haya realizado con pueblos y barrios originarios y con comunidades residentes.

“El esfuerzo que aquí se ha hecho es más cercano a lo que establece en el convenio la Organización Internacional del Trabajo de 1969, más cercano a las Convenciones Internacionales en materia de derechos y cultura indígenas y de reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos originarios, consideró.

En este sentido, calificó como la visión más progresista, más humanista, más cercana a una visión de derechos humanos, a una Constitución amplia, electiva, el anteproyecto presentado por lo que, comentó, este esfuerzo debe ser considerado por las y los diputados que sin duda también tendrán que abrir un debate entre quienes van a ser sujetos de atención de esta ley y el resto de la sociedad, que además tendrá que dar una opinión.

Fabiola Poblano, Presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios del Distrito Federal, recordó que no es la primera vez que se entrega un anteproyecto de ley ante la Asamblea, pero sí la primera ocasión que es resultado de un amplio consenso, de una consulta que cumple con los estándares internacionales que marca el Acuerdo 169 de la OIT en su artículo sexto, para que haya una consulta previa, libre e informada, pero no solamente eso, sino que el resultado de la misma pueda verse cristalizada en una legislación.

"Hoy por eso confiamos plenamente en que usted llevará a cabo y podrá construir todos los consensos con las diferentes fracciones parlamentarias, con aquellos grupos parlamentarios que hoy estén dispuestos a abonar a esa deuda histórica que tiene el Estado con sus pueblos originarios”, enfatizó.

Hoy, aseveró, se puede estar haciendo historia si esto que se está entregando puede concretarse en una ley, ese día estaremos festejando que después de muchos años en donde no ha habido una política pública ni una política de Estado para sus pueblos que le dan sustento y fundamento, se esté haciendo una realidad.

A su vez, Alma Liliana Mata, Cuarta Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, opinó que la ley es sumamente valiosa, pues establece criterios, el marco jurídico para dar continuidad y para dar atención a las demandas salud, vivienda, educación, trabajo y el mismo derecho a la consulta. Este instrumento, una vez que se materialice y se aprueba después de todos los procedimientos que la Asamblea Legislativa pueda llevar a cabo hasta su aprobación, establecerá un marco fundamental, que es el derecho a la consulta, afirmó.

“Es un día de plácemes, es un día de alegría, es un esfuerzo sumamente amplio y arduo de varias personas que hoy se ve concretado. Ciertamente es un primer paso pero es un paso muy importante en el avance del cumplimiento de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes”, señaló.

Finalmente, la diputada Karla Valeria Gómez Blancas, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes, dijo que al interior de la Asamblea Legislativa la mayoría de los diputados se ha pronunciado por apoyar esta ley, por lo que se comprometió a trabajar en el documento y poder materializar el instrumento normativo correspondiente, a la mayor brevedad.