RECONOCEN APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA AGILIZAR TRÁMITES EN DF
14 de Octubre de 2013
Con preguntas sobre los avances del nuevo Código Penal local, el modelo de justicia cívica, el reconocimiento de la aplicación de nuevas tecnologías para agilizar trámites en diversas áreas del gobierno local; la situación de los registros Civil, Público de la Propiedad y del Comercio, y problemas de inmuebles afectados, entre otros asuntos, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia realizó la comparecencia del titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, José Ramón Amieva Gálvez.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Antonio Padierna Luna, mencionó que la falta de presupuesto dificulta la operación de la ley de Justicia Penal, por ello anunció que presentará un punto de acuerdo para que de la bolsa de recursos de los diputados se apoye la operación de un juzgado cívico en cada una de las delegaciones o en su distrito. Por otra parte, consideró necesario establecer mecanismos de conciliación para dirimir conflictos entre capitalinos.
Al intervenir, el diputado perredista Manuel Alejandro Robles Gómez, pidió conocer cómo se puede participar para evitar la violencia en la Ciudad de México, como los golpes lamineros; de igual forma planteó cómo promovemos la cultura de la paz en el espacio público, qué acciones se tienen pensadas al respecto, sobre cultura ciudadana, cultura de la paz y qué se puede hacer con el tema de los folios en custodia para dar certidumbre a los propietarios de bienes inmuebles.
En tanto la diputada del Partido del Trabajo, Miriam Saldaña Cháirez, requirió las acciones que se han tomado para facilitar y mejorar los servicios ciudadanos, así como los avances en la resolución de conflictos con la aprobación del nuevo Código de Procedimientos Penales. También pidió una explicación sobre que estrategias ha realizado la Consejería para el nuevo modelo de justicia cívica.
En su oportunidad, la diputada del Partido Acción Nacional, Priscila Vera Hernández, cuestionó al funcionario sobre el avance obtenido en los trabajos de modernización del Registro Público de la Propiedad, cuántos recursos se han invertido y requerirán para concluir este proceso. También preguntó sobre las propuestas que realizará el gobierno capitalino para hacerse de más recursos. “El registro es la gallina de los huevos de oro, pero tal parece que se le quiere matar, por eso es necesario que se haga más eficiente al Registro Público de la Propiedad”, expresó.
En su oportunidad, el diputado priísta Jaime Ochoa Amorós consideró que los registros público de la propiedad y del comercio, así como el archivo general de notarías deben ser descentralizados, como es el caso del Registro Civil para poder atender las demandas de los ciudadanos, por ello, cuestionó al funcionario si tiene pensado descentralizar el registro público de la propiedad y el comercio y que acciones están llevando acabo para acercar a la gente a estos servicios, también sobre las acciones y resultados que se han tenido en el programa actívate.
En tanto, la diputada independiente Bertha Alicia Cardona preguntó por las acciones de mayor impacto tomadas en materia de cultura ciudadana, solicitó también la cantidad de organizaciones de la sociedad civil que participan en la elaboración de un plan integral de cultura ciudadana, así como las acciones y alcances que ha tenido la implementación de la legislación en materia de desarrollo infantil.
Por su parte, la diputada perredista Lucila Estela Hernández solicitó los resultados arrojados de las supervisiones realizadas al esquema de detección de necesidades en juzgados cívicos, así como la propuesta de trabajo para implementar y eficientar el funcionamiento de éstos en la presentación de infractores en materia de medio ambiente.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Rosalío Alfredo Pineda Silva, pidió su opinión sobre la seguridad jurídica que da el Archivo General de Notarías. En tanto, la legisladora panista Gabriela Salidos Magos cuestionó sobre las acciones tomadas en el conflicto del parque Reforma Social y solicitó su opinión personal sobre este asunto.
Al emitir sus cuestionamientos, la legisladora panista Olivia Garza de los Santos habló del por qué la capital del país no tiene un registro público eficaz y funcional, y respecto a las medidas tomadas por la Consejería para reducir la carga regulatoria de la población; además preguntó sobre la capacitación del personal y por qué no se ha invertido en la calidad de vida de los trabajadores.
El diputado de Movimiento Ciudadano Óscar Octavio Moguel Ballado preguntó si la Consejería en conjunto con el INVEA y las autoridades delegacionales pueden o no combatir severamente el asunto relativo al ruido excesivo en variados lugares de la ciudad; también pidió su opinión sobre la forma en que se combate al narcotráfico con la extinción de dominio.
En su turno, el diputado del Partido Nueva Alianza, Jorge Gaviño Ambriz, preguntó si existe algún juicio en contra del registro de deudores alimentarios y cuál es su opinión sobre la normatividad en torno a que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, pero además nadie puede ser privado de su libertad, derechos, posesiones si no lo ordena la autoridad. Cuestionó sobre la posibilidad de crear un nuevo registro público de la propiedad y el por qué se tardan en publicar las leyes y decretos.
Al emitir su informe, Amieva Gálvez expuso los avances de las acciones que realiza la Consejería, como el modelo de nueva justicia cívica, el programa de cultura ciudadana con enfoque transversal; el proyecto denominado Puertas Abiertas y las bondades de los medios electrónicos para que las personas agilicen sus trámites con la modernización en los registros Público de la Propiedad y de Comercio y el Civil, con el uso de tecnología, que mejora, simplifica y agiliza estos procesos.
Señaló que se ha abatido el registro de ciudadanos, porque aún hay “personas invisibles” como adultos mayores o personas en situación de calle que necesita registrarse. Al ponerse en marcha el Programa de gratuidad de trámites para el registro civil de niñas y niños de hasta 12 años de edad, el funcionario dijo que se han entregado 8 mil 110 actas hasta el 15 de septiembre de 2013. Planteó que la Consejería requiere apoyo para tener más unidades móviles e ir a las comunidades marginadas a prestar este servicio. Además explicó de los avances que se tienen al expedir actas en lengua purépecha y se trabaja también para expedirlas en lengua náhuatl.
