RECONOCEN AVANCES Y SEÑALAN PENDIENTES EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA Y DEFENSORÍA DE OFICIO
13 de Octubre de 2009
Boletín # 052
Diputados de la Asamblea Legislativa reconocieron los esfuerzos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal en la capacitación de defensores de oficio y modernización de juzgados cívicos y registro público, al tiempo que señalaron las ineficiencias que aún prevalecen en dichas áreas para atender con mayor agilidad y eficiencia a la población, así como la falta de publicación de reglamentos de las leyes emitidas por este órgano.
Durante la comparecencia de la consejera Leticia Bonifaz Alfonso ante el Pleno de la ALDF, la diputada del Panal, Axel Vázquez Burguette, pidió a la servidora pública continuar con el trabajo de coordinación y disposición que mantuvo con la anterior legislatura y operar con transparencia, eficiencia y probidad. Señaló que sin demeritar la importancia de las iniciativas presentadas por el GDF es necesario que se amplíe el abanico en temas como competitividad, medio ambiente y reforma política, sin sustituir al Legislativo, pero aprovechando la estructura, especialidad y trabajo del Ejecutivo.
Cuestionó que la cuarta parte de las personas remitidas a los juzgados cívicos no sean sancionadas y si esto se debe a ineficiencia de jueces y policías preventivos, al tiempo que pidió que además de los adolescentes, la Defensoría de Oficio dé asistencia a las víctimas de violencia familiar y grupos vulnerables. Le pidió abundar en los resultados del programa de rotación de personal aplicado para combatir posibles actos de corrupción.
En tanto, el diputado Raúl Antonio Nava Vega, del Partido Verde Ecologista de México, solicitó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales redoblar los esfuerzos para atender las quejas recibidas, ya que en el informe no se detalla en qué estado procesal se encuentran. Asimismo adelantó que su grupo parlamentario presentará una reforma integral que otorgue a la procuraduría ambiental la capacidad no sólo de inspeccionar, sino también de iniciar procedimientos por violaciones a las disposiciones legales ambientales.
Reconoció los avances en temas como administración y procuración de justicia, y pidió mayor atención en áreas relacionadas con los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, Derechos Humanos y el perfeccionamiento de las leyes en materia ambiental para generar iniciativas integrales y viables a la realidad de la Ciudad de México.
En nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado José Benavides Castañeda señaló que para el Distrito Federal es fundamental contar con un adecuado sistema de normas jurídicas y su correcta interpretación para la consolidación de un sistema plural y equitativo, que debe complementarse con la expansión de la participación ciudadana y la renovación de la ética pública.
Se pronunció por la instauración de un pacto social y político, que atienda y enfrente las políticas que establece el Ejecutivo federal en materia de recorte presupuestal y de restricción de programas para el Distrito Federal, al mismo tiempo que construya un programa de desarrollo y de planeación participativa que se convierta en ley, para que los derechos ahí plasmados se vuelvan exigibles y a partir de ello podamos ampliarlos y, sobre todo, que incluya la obtención de plenos derechos como entidad federativa.
Para el diputado del PRI, Octavio West Silva, la Consejería Jurídica ha establecido modelos de atención novedosos y fructíferos, como la instalación de juzgados cívicos itinerantes y la conciliación entre las partes por daños en accidentes de tráfico; sin embargo, consideró que son necesarios mayores cambios para abatir inercias y deficiencias en la justicia cívica y otras áreas de esa dependencia.
Dentro de los pendientes señaló un número insuficiente de defensores de oficio, así como la falta de espacios, materiales y equipos esenciales para atender a la población en los juzgados. Respecto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), aseguró que a pesar de los esfuerzos de renovación, la gente continúa quejándose de que existe corrupción y coyotaje, mientras en el caso de las notarías públicas se requieren acciones para que éstas tengan dispersión territorial en todas las zonas de México y se garantice el ingreso a las arcas de la ciudad de los derechos e impuestos que entregan los ciudadanos a los notarios.
Por parte del PAN, el diputado Carlo Fabián Pizano Salinas cuestionó los motivos por los que no se han expedido los reglamentos de la Ley de Aguas y de Establecimientos Mercantiles. Manifestó su interés por conocer las causas por las que sólo se han resuelto seis de las 127 quejas presentadas en contra de los notarios, además de que han disminuido las visitas a los fedatarios de la capital de 467 a 223. Comentó además que existe la urgente necesidad de que el Archivo General de Notarías cuente con nuevas instalaciones para la custodia de la documentación pública.
Señaló que si bien han emprendido acciones para mejorar la Defensoría de Oficio, se necesita aún una capacitación jurídica permanente y la certificación de sus trabajos. Asimismo, dijo, se requiere una mayor difusión entre la ciudadanía de la cultura cívica y capacitar a más funcionarios públicos en la aplicación de la Ley de Cultura Cívica. Pidió además mejorar la atención y combatir la corrupción en el RPPC, así como concluir el proceso de digitalización de los más de 2 millones y medio de folios reales y trasladar sus instalaciones.
Tras reconocer la labor de la Consejería Jurídica y de Gobierno, la diputada Rocío Barrera Badillo, del grupo parlamentario del PRD, ofreció trabajar de forma coordinada para elaborar mejores leyes en beneficio de los habitantes, siempre en el marco del respeto y diálogo entre poderes. “Ofrecemos estar atentos y receptivos a todo aquello que busque el gobierno capitalino coordinar a través de sus organismos y esa dependencia y ser vigilantes del quehacer gubernamental”.
Se pronunció por mejorar las condiciones del personal de la Defensoría de Oficio y propuso establecer los mecanismos legales para que los jueces se encuentren más cerca de los ciudadanos, lo que permitirá inhibir la comisión de delitos. Resaltó la labor de modernización, digitalización y servicios en línea para brindar una atención en tiempo real a la población, así como la participación activa y eficiente de la Consejería en temas como sociedad de convivencia, espacios 100 por ciento libres de humo, extinción de dominio, establecimientos mercantiles e interrupción legal del embarazo.
Durante la ronda de preguntas, el diputado Raúl Nava Vega, del PVEM, requirió información sobre la importancia de fortalecer las facultades de la PAOT y las tareas pendientes en cuanto a justicia para adolescentes; en tanto, el diputado Juan Pablo Mejía, del Partido del Trabajo, preguntó los motivos por los que no se han emitido diversos reglamentos a pesar de que las leyes correspondientes ya entraron en vigor, también pidió detalles de la estrategia jurídica para materializar la reforma política del DF. A su vez, el diputado priista, Octavio West Silva, solicitó información sobre cuántos defensores de oficio y notarios existen en la capital, además de considerar que ya es necesario exigir mayores recursos para la Consejería Jurídica.
Al reconocer la labor de la servidora pública, el diputado del PAN, Sergio Eguren Cornejo, le pidió informar sobre el estado que guardan las expropiaciones realizadas por el GDF, la expedición del Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles, la modernización del Registro Público de la Propiedad y la situación laboral de los lecturistas. En tanto, las preguntas de la diputada del PRD, Karen Quiroga Anguiano, versaron sobre la supervisión a los notarios, la modernización del Registro Público de la Propiedad, los resultados del juzgado cívico móvil, las estrategias en las controversias constitucionales y la relación con la CDHDF.
En sus respuestas, Leticia Bonifaz dio a conocer que se encuentra suspendida la mesa para elaborar el Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles, debido a que el jefe de Gobierno presentará nuevas reformas en la materia que generarán mayor certeza y confianza a quienes invierten en la ciudad. Precisó que en los próximos días se publicará un manual que homologue los trámites para la apertura de establecimientos en todas las delegaciones.
Consideró importante aumentar las facultades de la PAOT en materia de protección de zonas de reserva ecológica; por otra parte, sostuvo que el sistema de justicia para adolescentes está en proceso de renovación, el cual durará ocho años. Dijo que en cuanto a la normatividad de cosecha de agua, se desarrolla una mesa de trabajo, donde el punto de divergencia ha sido la definición concreta de desperdicio de agua, ya que de no aclarar su concepto se puede dar paso a la presentación de amparos.
Al informar a esta soberanía, la Consejera Jurídica afirmó que el trabajo realizado en la dependencia que dirige es la base de la seguridad jurídica de la ciudad; un cauce de comunicación y construcción de consensos y un espacio de defensa irrestricta de los derechos fundamentales. Señaló además que los procesos de expropiación están concluidos casi en su totalidad y que se avanza en la modernización del RPPC, la cual se espera que dé frutos en 2011.
Agregó que la actual administración ha trabajado para consolidar el sistema de garantías de los derechos de los capitalinos en materia de seguridad y procuración de justicia; obras e inversión e infraestructura; la calidad del aire; nuevo orden urbano; reactivación de la economía y las inversiones; cumplir con las políticas públicas para los grupos vulnerables y la equidad y hacer más eficiente la administración pública en sus servicios.
La servidora pública abordó los rubros de controversias, defensoría de oficio, justicia cívica, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Registro Civil e invitó a constar el servicio que se brinda a los usuarios en Plaza Juárez, para que verifiquen el proceso de modernización y cambio.
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