RECONOCEN EJERCICIO DE DERECHOS A 25 AÑOS DE ALDF
14 de Junio de 2013
Al celebrar los primeros 25 años de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas afirmó que no obstante los muchos logros en beneficio de la ciudadanía del Distrito Federal, “aún quedan muchos pendientes por resolver; no hay plenitud en los designios ciudadanos”, apuntó.
Señaló que este primer proceso de reforma política en el Distrito Federal iniciado en junio de 1986 se basó en una amplia consulta en la que participaron los partidos políticos y organizaciones sociales y ciudadanas.
La legisladora recordó que la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal desplegó sus actividades del 15 de noviembre de 1988 al 14 de noviembre de 1991, con lo que inició un largo trayecto de transformación que ha modificado el rostro político del Distrito Federal, seguida de la segunda que funcionó hasta 1994.
“Estas dos Asambleas de Representantes aportaron a un mejor ejercicio de los derechos ciudadanos y coadyuvaron a promover la democracia participativa en el D.F”, dijo y agregó que sus acciones contribuyeron también a estimular decisiones en la capital del país y sus propias normas y políticas de gobierno que buscaron fomentar el desarrollo económico, social, cultural y político de la Ciudad.
Moreno Uriegas destacó que la Reforma Constitucional de agosto de 1996, permitió la coexistencia de Poderes Federales y Órganos de Gobierno Locales; se definió un sistema de distribución de competencias inverso al que establece el Art. 124 Constitucional para los Estados de la Federación, es decir que los Poderes Federales tendrían las facultades amplias y residuales, en tanto que los Órganos Locales tendrían las expresas y acotadas. De ahí en adelante, dijo, han existido dos órganos legislativos para el D.F.
En su alocución como ex Presidenta de la Comisión de Gobierno en la II Legislatura, afirmó que a la Asamblea Legislativa se le asignaron cerca de 50 materias locales y, a partir de entonces, sus integrantes fueron diputados, ya no representantes.
Expuso que la Reforma de 1996 dio varios pasos importantes en la transformación del estatus jurídico y la situación política del Distrito Federal, incluyendo algunos cambios realizados a través del Estatuto de Gobierno. Sin embargo, quedaron varias cuestiones no cabalmente resueltas, tanto por lo que hace a la relación entre Poderes Federales y Órganos Locales, como de estos últimos entre sí y, particularmente, la vinculación y dependencia de los órganos de gobierno por delegación, con el Jefe de Gobierno.
Añadió que para todos es conocido que a la fecha, “se han observado conflictos frecuentes entre poderes y órganos, que evidencian la necesidad de establecer disposiciones que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes en su sede, a la vez que concedan toda la autonomía posible a los órganos locales para el régimen interior de la Ciudad”.
Al referirse al tema de las delegaciones políticas, ahora Jefaturas Delegacionales, dijo que la falta de precisión de atribuciones de los órganos de gobierno para cada una de ellas, ha provocado problemas de gobernabilidad, y ha generado interpretaciones deficientes sobre sus competencias: “ Debe quedar claro su grado de autonomía, así como las materias y asuntos que son obligadamente de coordinación y aquellas que exigen dependencia del gobierno del D.F., como Ciudad unitaria”. Manifestó que resulta indispensable una redefinición del tamaño y atribuciones de los órganos de gobierno territorial.
Sostuvo que también se aprecian reminiscencias de las situaciones jurídicas previas, en acciones como el indulto por delitos del fuero común, que debería darlo el ejecutivo local, ya no el federal; así como, interpretaciones “extensivas” de la Corte sobre competencias expresas de la Asamblea Legislativa y de los Órganos Políticos Delegacionales.
Aseguró que se ha propuesto la creación de la Corte de Justicia del Distrito Federal, misma que estaría integrada por siete Magistrados, propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante terna por cargo, y electos por la Asamblea con mayoría calificada. Conocería de controversias por invasión de competencias y de acciones de supremacía estatutaria respecto de leyes o decretos que expida la Asamblea y cuya minoría parlamentaria del 33%, estime que contraviene esos ordenamientos.
En cuanto al Instituto Electoral, agregó, se plantea convocatoria abierta, con requisitos muy precisos y elevados, a instituciones académicas de prestigio cuyas propuestas la Asamblea haría un descarte basado en curricula, experiencia en la materia, entrevistas, para finalmente con los mejores perfiles realizar una insaculación “que permita quitarle el sello partidista que actualmente tiene”.
No dejo de lado que con la reforma de 1996, se dio uno de los pasos más notorios, eligiendo a partir de 1997, al Jefe de Gobierno, por votación directa, universal y secreta. La misma reforma previó a partir del año 2000, la elección directa de los llamados “Jefes Delegacionales”; sin embargo, “los tamaños de cada demarcación, en población y territorio, son enormemente diferentes, por lo que habría que hacer, por lo menos, 20 jefaturas de gobierno territorial, para asegurar mejor gobierno y cercanía a la gente.
Resaltó que los priistas en la ALDF, “hemos propuesto darle todas las atribuciones y hacerla parte del Constituyente Permanente. Sin embargo, habría que encontrar una fórmula que evitará el abuso de poder que le da a un solo Partido una mayoría apabullante, que anula una votación democrática y peor aún asegura al Ejecutivo cumplir con todas sus decisiones. No existe el contrapeso entre órganos de gobierno”.
La legisladora añadió que por lo que toca al órgano ejecutivo, valdría la pena ponerle un contrapeso interno a su poder, por ejemplo, un Consejo de Jefes Territoriales que lo obligara a dialogar y decidir conjuntamente sobre los asuntos más relevantes para el D.F. y la ciudadanía.
Finalmente aseguró que la realidad actual, nos lleva a concluir que hacen falta todavía una serie de cambios institucionales que permitirán un mejor gobierno, atención y servicios de calidad y con oportunidad para los habitantes de esta gran Ciudad de México; mejores condiciones de gobernabilidad, al redefinir y precisar las relaciones entre Poderes Federales, en su sede, y Órganos locales de gobierno; y de estos últimos entre sí.
Asimismo, proporcionar a la ciudadanía mecanismos modernos y eficaces de participación y de opinión en los asuntos clave de la Ciudad actual y futura; y por último, asegurar la viabilidad de la Ciudad a futuro, dando atención privilegiada a la inversión en obras demandadas por la ciudadanía y que coadyuven a la sustentabilidad del medio ambiente, particularmente en lo que se refiere al uso de los recursos agua y tierra, apuntó.
