RECONOCEN VOLUNTAD DE MAM DE PONER ALTO A ABUSO DE INMOBILIARIAS
19 de Agosto de 2013
El diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Víctor Hugo Lobo Román, aplaudió la decisión del Gobierno del Distrito Federal de “suspender temporalmente” la Norma 26 para incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular.
Este lunes 19 de agosto, la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicó el acuerdo por el que se suspende temporalmente la recepción y gestión de solicitudes que se presentan ante la Ventanilla única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), relativa a cualquier acto administrativo que implique la aplicación de la Norma de Ordenación Número 26.
Durante la sesión de la Diputación Permanente de la ALDF del pasado miércoles 14 de agosto, el pleno aprobó el punto de acuerdo, en donde el diputado Lobo Román propuso cancelar la citada Norma 26, misma que ha sido violentada por propietarios de inmobiliarias y malos funcionarios.
Mediante su punto de acuerdo, el legislador perredista solicitó a la Seduvi un informe puntual y pormenorizado de dicha figura jurídica de 2010 a la fecha. Pidió el número de documentos expedidos para edificación de vivienda bajo el amparo de la Norma 26 y en cuántos de ellos se tiene conocimiento de la conclusión de las obras autorizadas.
También demandó información sobre en cuántas edificaciones se detectó que se violentaron los extremos de la citada norma y se informe cuántos juicios de lesividad se han entablado ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y en su caso, cuántos cumplieron con sentencia firme y el sentido de la misma.
Asimismo, cuántas denuncias penales se han presentado ante
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por la violación a las autorizaciones contenidas en la Norma 26 para incentivar la producción de vivienda sustentable.
El diputado Lobo Román reconoció la decisión del gobierno de Miguel Ángel Mancera, en el sentido de poner orden a los abusos cometidos por las inmobiliarias y servidores públicos sin escrúpulos que explotaron la norma creada para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular en suelo urbano.
Adicionalmente, apoyó el hecho de que el acuerdo emitido exceptúe de sus alcances al Instituto de Vivienda del Distrito Federal. El acuerdo señala que el precio final de venta de vivienda deberá ser de 20 a 30 veces el salario mínimo anualizado; se debe procurar la construcción de 65 metros cuadrados; no aplica en suelo de conservación, zona de alto riesgo y vulnerabilidad, áreas de conservación y valor patrimonial; los precios de los departamentos no deben superar los 709 mil 540 pesos.
