Recorte presupuestal no debe ser pretexto para privatizar suministro de agua: Iván Texta
11 de Septiembre de 2016
- El diputado perredista pidió a la Cámara de Diputados cerrar el paso a la intención de “descongelar” la propuesta de la Ley General de Aguas, como medida para hacer frente al problema económico del país
Iván Texta Solís, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), llamó hoy a todas las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados a cerrar el paso a la intención de “descongelar” la iniciativa de la Ley General de Aguas, la cual busca privatizar el servicio de distribución del líquido y, por tanto, aumentar las tarifas, como medida para hacer frente al recorte presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la ALDF, dijo que aunque no se ha hecho público, existe el interés de algunos diputados federales de “revivir” la propuesta que atenta contra el derecho humano de acceso al agua, al permitir la intervención de particulares en su explotación y distribución.
Señaló que la Ley General de Aguas, elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y apoyada por legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, pendiente de aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados, permite la participación de particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal.
El artículo 19 de la propuesta, apuntó Texta Solís, dice que Conagua podrá celebrar contratos de obra pública y servicios; otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno federal y la prestación de los servicios asociados a esta, y otorgar concesión total o parcial para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta.
Además, se mantienen las disposiciones de la actual Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del recurso, punto en el que se regula el llamado “trasvase”, definido como “la explotación y aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser usadas en una distinta, sin que mantenga una conexión natural”.
El trasvase puede ser directo o indirecto, el primero es el que realizan los asignatarios o concesionarios con autorización de la Conagua; y el segundo, el que efectúa la Federación en beneficio de los concesionarios con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada.
Iván Texta dijo que, contradictoriamente, la nueva propuesta de Ley contempla garantizar una dotación de 50 litros diarios de líquido por habitante, aun cuando el suministro del líquido no está asegurado para toda la población y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció una jurisprudencia en la que consideró que se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona y por día para garantizar el derecho al agua.
“La privatización implica carestía y aumento en el pago, siendo los sectores con menos recursos los más afectados, debido a que en la medida que se encarece el acceso al vital líquido, esto se convierte en un factor de exclusión”, finalizó.
