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REDUCCIÓN DE PLAZOS EN REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA PARA EVITAR PRESCRIPCIÓN DE DELITOS: IVÁN TEXTA

REDUCCIÓN DE PLAZOS EN REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA PARA EVITAR PRESCRIPCIÓN DE DELITOS: IVÁN TEXTA

08 de Diciembre de 2015

Para evitar que los delitos por uso indebido de recursos públicos prescriban y queden sin sanción, el diputado Iván Texta Solís presentó hoy una iniciativa de reformas a la Constitución y el Estatuto de Gobierno, a fin de que sea la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la que determine, en el ámbito de su competencia, los tiempos y términos de revisión de la Cuenta Pública local.

En la propuesta, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de la ALDF, sugiere acortar los plazos para dicha revisión y contar con un sistema que garantice el resarcimiento de la Hacienda Pública y el oportuno fincamiento de responsabilidades por delitos como el uso indebido de recursos públicos.

La iniciativa de iniciativas que, en caso de ser avalada por el órgano legislativo local, deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión dado que propone modificar al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la ALDF está obligada a salvaguardar los recursos públicos de la ciudad y que por ello tiene que legislar, en el ámbito de su competencia, los términos y tiempos de entrega de la Cuenta Pública y el Informe de Resultados, de conformidad con los lineamientos de la Revisión de la Cuenta Pública Federal, como sucede en el resto de los estados.

"La condición sui generis del Distrito Federal como capital del país, entidad híbrida de la República y sede de los Poderes de la Unión, lejos de beneficiarle le ha generado un trato excluyente y hasta discriminatorio, no sólo porque los capitalinos no gozamos de los mismos derechos que los habitantes de otros estados, sino porque las facultades de su administración y las de esta soberanía están limitadas", dijo.

Texta Solís destacó que con las reformas que propone, la Ciudad de México logrará consolidar un régimen hacendario autónomo, transparente y congruente con los principios y directrices de la Constitución.

"Es injustificable que esta Asamblea tenga facultades mínimas para legislar sobre el tema. Por ello se requiere una reforma que técnica, jurídica y administrativamente dé a la función fiscalizadora una presencia más activa y directa en los procesos de revisión de la Cuenta Pública, para garantizar un desempeño exhaustivo, con resultados eficaces y asegurando la rendición responsable y rigurosa de la gestión pública", expuso.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) precisó que a nivel federal la Cuenta Pública se presenta el 30 de abril y su revisión concluye a más tardar el 31 de octubre, por lo que el Informe de Resultados se entrega el 20 de febrero del año siguiente, mientras que en el Distrito Federal se envía los primeros 10 días de junio y el Informe el 15 de julio del año siguiente a la recepción.

"En el ámbito federal el proceso dura nueve meses y 20 días, mientras que en la Ciudad de México aproximadamente 13 y es omiso en precisar el término expreso para concluir la revisión de la Cuenta Pública. La diferencia de cuatro meses se traduce en un desfase que impacta, entre otros aspectos, en los términos de prescripción de las acciones de fincamiento de responsabilidades, así como en la emisión de observaciones y recomendaciones", dijo.

Iván Texta explicó que la iniciativa propone que la ALDF legisle los términos y condiciones en que deben ser entregados la Cuenta Pública, el Informe de Resultados y la conclusión de la revisión, con plazos que sólo podrán ser ampliados a solicitud del Ejecutivo local por causa suficientemente justificada a juicio de la propia Asamblea.

La iniciativa plantea también que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre particulares y autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal y fincar responsabilidades derivadas de la fiscalización pública, contando para ello con legitimidad procesal los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior de la Ciudad de México.