REFORMAS PARA INHIBIR DELITOS EN CENTROS PENITENCIARIOS, PRESENTÓ EL DIPUTADO ISRAEL BETANZOS
17 de Noviembre de 2015
Los centros penitenciarios del Distrito Federal enfrentan marcadas carencias organizacionales y serias deficiencias funcionales que derivan en la existencia de redes delictivas entre personal administrativo, de custodia e internos, así como altos niveles de corrupción en todas sus formas y modalidades: tráfico de influencias, rezago en la revisión de expedientes, introducción, venta y consumo de drogas, extorsión, prostitución, impunidad y violencia.
El principal problema que enfrentan los distintos centros de reclusión es la sobrepoblación, condición que viola la norma penitenciaria que establece la separación entre los internos sentenciados y los sujetos a proceso, provocando con ello que internos que cometieron su primer delito convivan con peligrosos reincidentes.
Ante este escenario, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revovlucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Israel Betanzos Cortes, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, al Código de Procedimientos Penales y a la ley que regula el uso de la tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal con el propósito de fortalecer la vigilancia de reclusorios preventivos y centros de ejecución de penas a través de un centro de monitoreo de circuito cerrado.
Expuso que con las reformas, la procuraduría capitalina tendrá las atribuciones necesarias para que en conjunto con la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, establezca el órgano competente que finque responsabilidad penal cuando se detecten actos de corrupción o que atenten contra la integridad de los individuos.
Subrayó la importancia de inhibir actos ilícitos de funcionarios y reclusos, porque advirtió que los grupos de poder, que se convierten en autogobiernos en los centros penitenciarios, no sólo controlan las actividades delictivas como el tráfico de drogas o la prostitución, sino que también generan redes de corrupción con autoridades.
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