REQUIERE LA CIUDAD DE MÉXICO RECTORÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
25 de Febrero de 2016
· A través de la Constitución Política la puede obtener
· Pugnará la Asamblea Legislativa porque el Constituyente la integre
La descentralización de la educación, sin violentar el pacto federal ni restar autoridad a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la elaboración de planes de estudio, sería un avance trascendental para que el gobierno de la Ciudad de México esté en condiciones de garantizar ese derecho universal irrenunciable, exigible y , en consecuencia, la Constitución Política la tiene que contemplar.
En lo anterior coincidieron los participantes en la quinta mesa del Foro “Hacia una nueva alianza constitucional de la Ciudad de México” en la que se abordó el tema de la educación, que en el caso de esta nueva entidad federativa tiene el reto de responder, en cuanto a contenidos, a la realidad que vive la población en cada una de las 16 delegaciones, a los indígenas, migrantes y a quienes por alguna discapacidad requieren y demandan educación especializada.
La educación es, entre todos los derechos, el más importante que existe no sólo porque permite el acceso al conocimiento y la formación de las personas desde temprana edad, sino porque hace posible el acceso futuro a la actividad productiva. En torno de ella giran el resto de los derechos humanos y sociales, y es el medio para combatir la pobreza.
El diputado del Partido Nueva Alianza (NA) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Juan Gabriel Conchado Acevedo, organizador del foro, resaltó que si la de México es una ciudad de avanzada, de pensamiento vanguardista y referente nacional en cuanto a la ampliación de los derechos ciudadanos, necesariamente tiene que contar con autonomía para diseñar una política educativa propia y con visión metropolitana dada la convivencia que tiene con la población de entidades vecinas.
La educación pública, laica y gratuita, indicó, no puede quedar fuera de la discusión en torno a la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México y desde la Asamblea Legislativa se pugnará y exigirá que la Asamblea Constituyente le dé un trato preferente dado la importancia que reviste.
La directora de Bibliotecas de la Secretaría de Educación (SEDU) del Gobierno de la Ciudad de México, Dinora Pizano Osorio, mencionó en su participación que el tema de la educación encierra un entramado complejo, principalmente político, y que, no obstante, tiene que quedar plasmado en la Constitución y, qué mejor, que sea el mandato de descentralizarla de la federación.
No se busca suplantar la rectoría de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en cuanto a la ejecución de los programas generales de cada grado escolar, sino descentralizar los contenidos para adecuarlos a las condiciones diversas en que vive la población. El derecho a la educación sí está contenido en la Constitución Federal, pero no constitucionalizado particularmente para la Ciudad de México y eso es lo que se requiere.
Sofía Morales Garza, directora de Innovación y Fortalecimiento Académico de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la SEP, indicó que hay la necesidad de empoderar a los directivos y maestros de las más de cuatro mil escuelas públicas para que haya un adecuado funcionamiento de las instalaciones y, por otra parte, garantizar la calidad de la educación.
¿Por qué?, porque la infraestructura de las más de cuatro mil escuelas está deteriorada por descuido en su mantenimiento desde hace 20 años y, de ellas, 380 son atendidas; a la fecha, 17 mil profesores se han evaluado y 600 ya recibieron su plaza, lo cual demandaban desde hace muchos años.
Además, en la Ciudad de México se cuenta con mil 64 planteles de tiempo completo en los que el alumno pasa un mayor tiempo dedicado al aprendizaje, pues hay problemas cuya atención y solución son impostergables. Por ejemplo, que 30 por ciento de los alumnos en educación básica lee pero no comprende y que 40 por ciento conoce los números pero no sabe realizar operaciones matemáticas.
La participación en apoyo de autoridades, maestros y directivos, de los padres de familia y las organizaciones sociales comprometidas con una educación de calidad incluyente es vital para avanzar, máxime cuando se requiere que la educación preescolar sea básica porque es el primer contacto al aprendizaje.
El Académico de la Facultad Latinoamericana, Lorenzo Gómez Morín, hizo hincapié en que no hay pretexto para que el gobierno de la Ciudad de México se encargue y responsabilice de la educación, y cumpla el requerimiento de que sea de calidad, equitativa e incluyente en concordancia con el espíritu del artículo tercero de la Carta Magna, por lo que el reto de la Asamblea Constituyente, anotó, es exclusivamente político.
Sólo así se podrá mejorar localmente la educación, las escuelas públicas y la gestión, teniendo como eje el aprendizaje. Por tanto, hay que contar con docentes que sean profesionistas de la educación, ya que por ser cada centro escolar la institución pública de primer contacto con el alumno, se tiene que apoyar la capacitación y superación de conocimientos, desde la educación básica hasta la media superior.
En su opinión no basta con crecer la matrícula escolar para ingresar cada vez más alumnos, sino que el verdadero reto es instrumentar los mecanismos para retenerlos, lo que implica que el gobierno de la Ciudad de México se verá obligado a realizar un profundo proceso de adecuación educativa para responder a la autonomía que derive de la Constitución Política.
La presidenta del Comité Nacional de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Lucila Garfias Gutiérrez, comentó que si se quiere alcanzar el desarrollo pleno e integral de los individuos por medio de la educación, como lo establece la Constitución Federal, es preciso que en la Ciudad de México quede debidamente plasmado ese propósito a efecto de preservarlo y hacerlo cumplir.
Lo anterior, precisó, porque hay quienes hacen intentos por privatizar la educación, y su gratuidad hay que garantizarla.
